El tema (monotema, cuando tenemos guerras atroces en Ucrania y Palestina) es la amnistía a los sujetos del “proces” de independencia catalán. Escribí suficiente sobre el tema “Catadeu” como para que mi posición no esté clara a estas alturas (admito el fin, pero condeno los medios y los actores) por lo que hablaré del tema exclusivamente por su relación entre política y filosofía. Uno de los argumentos esgrimidos por los detractores es que se conculca el principio de igualdad de los españoles. Cierto, pero no solo con esta amnistía, sino con todas. Así como con todos los indultos y todos los aforamientos. Jurídicamente hablando la amnistía es una atrocidad, remanente de un privilegio monárquico, cuya persistencia solo tiene sentido porque les interesa a los políticos. La última amnistía (perdón general) que se hizo en España fue la amnistía fiscal que promovió el gobierno del PP (Maroto al frente) para que todos los defraudadores de hacienda pudieran -previo pago de una cantidad simbólica- borrar su ignominia. Qué decir tiene que nos referimos a la elite, pues los pobres raramente defraudan a Hacienda en cantidad suficiente como para concitar la atención del Gobierno. 

No se llamó amnistía sino algo así como “regularización extraordinaria de rentas irregulares” como corresponde a un gobierno que no quiere que se le vea el plumero elitista. Posteriormente se ha filtrado (pues el gobierno consideró que sus nombres debían ser preservados de la curiosidad popular) que el rey emérito, el ex-ministro Rato, el descuidero Bárcenas, y otros miembros de la jetset se beneficiaron de ese regalo del gobierno. La injusticia de premiar a delincuentes fiscales con una rebaja en sus impuestos es palmaria. El trato desigual, también. La anterior amnistía es la que se dictó -con la llegada de la democracia a España tras la dictadura franquista- para todos los presos españoles, ante la imposibilidad de distinguir entre los presos políticos y los comunes. La contraprestación de esta medida de gracia fue el pacto de no perseguir a los franquistas por los crímenes de guerra (y de paz) que habían cometido, lo que en definitiva era una amnistía previa a su enjuiciamiento, que de esta manera se soslayó.

En cualquier caso la amnistía enmienda la actividad de los jueces (pues anula sus sentencias) supone un tratamiento desigual de los ciudadanos pues se libra de la pena impuesta (o por poner) a sujetos involucrados en procesos judiciales, actualmente sin necesidad de argüir motivos. ¿Por qué entonces no se quitó de la Constitución del 78? Por un lado porque se quería dar cariz constitucional al arreglo de los flecos del desmantelamiento del franquismo. Por otra parte las amnistías, indultos y aforamientos favorecen fundamentalmente a los políticos, condenados por delitos y hubiera parecido raro quitar la amnistía dejando el indulto y el aforamiento (especialmente políticos) en vigor. Gonzáles y Aznar concedieron 6.000 indultos cada uno, 3.400 Rodríguez y 900 Rajoy. Sánchez lleva en dos legislaturas 80 indultos. Mayoritariamente, a políticos condenados. El discurso de que es un acto de gracia que tradicionalmente se ha mantenido tras  la desaparición de las monarquías absolutas o que persiste en todos los países de nuestro entorno no es sino la prueba de que los sesgos negativos de los políticos son universales.

El caso del aforamiento es ligeramente distinto aunque favorece exclusivamente a los políticos, jueces, y altos cargos de la administración. Por el aforamiento ningún político (y extensiones) puede ser juzgado por los tribunales comunes y solo el supremo puede hacerlo en ronda única (sin recurso a un tribunal superior español).  La razón es que cualquier tribunal podría tomar acciones contra un político que se distinguiera por sus nobles actividades, en una palabra, deshacerse de él. Pero los tiempos cambian y ahora es impensable que alguien que no sea político pueda tomar semejantes acciones (excluido quizás el pequeño Nicolás). Como en tantos casos (la representación por ejemplo) se mantienen cautelas de antaño en condiciones inexistentes en la actualidad. La explicación para que los políticos no quieran perderlo es que la posibilidad de controlar los jueces de un solo tribunal es mucho más viable que si cualquier tribunal pudiera juzgar a los políticos. Los “pobres” políticos se lamentan de que el hecho de que se haga a una sola ronda es profundamente injusto puesto que no pueden recurrir, sin embargo, no piden su desaparición. 

Si ha de abrirse el melón de las medidas de gracia ¡hagámoslo!, pues son arbitrarias en su tramitación y en su concesión, sin contar que van siempre al mismo colectivo. Las medidas de gracia son retrógradas e injustas, pero lo que no puede ser es que algunas sean desigualitarias (la del independentismo, que por cierto se trata mayormente de políticos traidores a España pero políticos) y otras no. Y por supuesto decir que trata de forma desigual a los españoles (que lo hace) no justifica que se calle sobre los casos en los que se mostró desigualitaria con otros colectivos (la casta, la elite, los poderes fácticos, los gestores). Sería un gran gesto que los políticos renunciaran colectivamente a estos privilegios en el caso de que por tradición decidan mantenerlos para esos casos y esas personas  realmente maltratadas por la ley. Distinguir entre los casos que afectan a los políticos traidores a la patria, de los políticos “como deben ser”, es simplemente hipocresía. Decir a voz en grito que es una medida injusta es como afirmar que la igualdad solo tiene una acepción política. Nombrar “la concesión de la impunidad” en referencia a la amnistía de los involucrados en el movimiento independiente, mientras se oculta esa impunidad en los delincuentes del propio partido es, simplemente desvergonzado.

Los conceptos de igualdad y de justicia -aunque originalmente filosóficos- se convirtieron en jurídicos y finalmente políticos. Pero los políticos parece que solo están interesados en los conceptos que les favorecen. La desigualdad entre los ciudadanos y los políticos se puede tildar de cualquier cosa menos igualitaria. Los políticos -en la Constitución- no necesitan formación académica reglada alguna. Tampoco necesitan unirse a un colegio profesional como los demás profesionales, lo que les ahorra la incómoda papeleta de someterse a un tribunal deontológico.  Las leyes que les afectan adolecen siempre de lagunas, como inconcreción, falta de ejecutividad, plazos más cortos de instrucción, ausencia de la obligación de restituir lo robado o de disponer de un seguro de responsabilidad civil que les permita hacer frente a sus sonadas cagadas. Y todos estos “olvidos” ocurren cuando son ellos precisamente los que las redactan… o precisamente por ello. Sus privilegios económicos son incontables: economatos, coches oficiales, dietas sin justificación, anticipos (bestretas), créditos, se fijan ellos mismo el sueldo, sus ingresos son lo suficientemente opacos como para que sean prácticamente imposibles de conocer, perdidos en multitud de conceptos y en tarjetas Black o dietas ilimitadas. Su jubilación es dorada tras una vida laboral de diez años, con la posibilidad para los altos cargos de “puertas giratorias” y puestos en consejos de administración millonariamente remunerados. Y hablo de lo que sabemos, porque no hay razón para no sospechar que solo sea la punta del iceberg. No es de extrañar que tengan que redondearse el sueldo con algunas mordidas, comisiones, y otras corruptelas y corrupciones. 

Si realmente están preocupados por la igualdad de los españoles ante las medidas de gracia… pónganse manos a la obra para suprimirlas. Y si no, cállense.

El desgarrado. Noviembre 2023.