Entra en vigor la nueva factura de la luz. ¿Para bien o para mal? Me refiero a los ciudadanos. Y lo digo porque todas las modificaciones de tarifas anteriores lo han sido para beneficio del oligopolio. De entrada no es una rebaja absoluta puesto que si no se cambian los hábitos de consumo supondrá sin duda un aumento. Sí es una rebaja absoluta para las empresas por cuanto es una racionalización del consumo que supondrá una mayor autonomía y por tanto un abaratamiento de sus costes. Se cambia además la parte fija del recibo que pasa a ser, de un 70% a un 30%. Si las tarifas bajan eso es positivo pero si suben (como han subido constantemente) entonces es negativo para los ciudadanos. Pero hay más.

Lo más flagrante en el cómputo del consumo consiste en que sea cual sea la composición de la cesta de los productos de suministro (gas, carbón, nuclear, energías limpias, ciclo combinado, etc.) el precio lo marca para toda la cesta el precio del más caro. Basta que una cesta de nuclear, y alternativas (las energías más baratas), se coloque un mínimo 1% de gas, para que el precio sea el de esta energía para toda la cesta. ¿Cómo se controla que no se introduzca fraudulentamente ese 1%? De ninguna manera. Estamos condenados a pagar el suministro al precio más caro del mercado sea cual sea la fuente mayoritaria. La “subasta” se realiza cada 15 días pero no se publicita. Los medios deberían informarnos de cómo nos roban. La moneda cae siempre del mismo lado. Si de las nucleares no se hicieron cargo de los residuos nucleares y del carbón se escaquearon de pagar por lo que contaminan, de las energías alternativas baratas se cobran al precio de las más caras. Evidentemente eso no tiene nada que ver con la jubilación dorada que reciben los exministros y altos cargos en sus bien remuneradas poltronas de los consejos de administración de esas empresas, como sin ir más lejos: González y Aznar.

Pero lo que llama la atención es como están sobreactuando las ministras en la defensa de la nueva tarifa. “Excusata non petita, acusata manifiesta” reza el dicho popular. La vicepresidenta primera nos habla del “temazo” de la plancha, disminuyendo la importancia del “tema”: la hora a la que se debe poner la plancha. El temazo es ¿quién plancha? es decir una cuestión de género. ¿Hay que mezclar los temas con los temazos? ¿Estamos hablando de la tarifa o de cuestiones de género que ya tienen su ministra? Y sobre todo ¿según quien planche variará la tarifa? Bien está reclamar la igualdad en las tareas domésticas pero ¿tiene que ser cuando se duda de que un cambio de tarifa sea beneficioso para los ciudadanos? La ministra de cambio tecnológico no se queda atrás. Primero se plantea como cuestión seria si las madres deben de planchar a las 2 h. Decide que no, que su madre, no. No contenta con ello (y siguiendo el mismo argumento que Cospedal utiliza en su actuación estelar en el Congreso haciéndose la despistada por la anulación de su comparecencia): es una maniobra de despiste para desviar la atención. Tampoco aquí acaba la cosa. “Si pusiéramos 40 lavadoras al mes (suponemos que en la tarifa más barata) la cuenta solo subiría 4€” y añade: “No es un tarifazo” También Calviño se suma: “Es una rebaja en la tarifa”

¿Por qué defienden las ministras la tarifa con tanto ardor? Recuerdo a Guindos jurando que el rescate de los bancos no nos costaría “ni un duro” y que la Sareb (el banco malo que absorbió los fondos tóxicos de los bancos) sería inocuo para nuestro bolsillo. Entre los dos nos han costado 100.000.000.000€ (el diez por ciento del PIB). Es obvio que los ministros (incluso los de economía) o mienten como bellacos o no saben contar. Quizás porque saben que para cuando se demuestre que la tarifa era un tarifazo ellas ya estarán en la oposición. Las empresas de los consumidores y usuarios están denunciando que todo esto es una pamema y que es una subida encubierta y -una vez más- favoritismo hacia los poderes fácticos. Rajoy desmanteló el proyecto de Rodriguez de energías alternativas simplemente por favorecer a las empresas del ramo e incluso incumplió contratos por millones de euros que tarde o temprano pagaremos: no solo nepotismo político sino penalización a los ciudadanos.

Entre la corrupción (80.000 M€), el despilfarro (200.000 M€), el fraude y la connivencia fiscal (90.000 M€) y los rescates (100.000 M€) se va el 50% del PIB. Se podrían reducir los impuestos a la mitad y sin embargo se busca denonadamente subirlos. El recibo de la electricidad lleva un 21% de IVA y un 5% más de impuestos atípicos. El recibo del agua lleva un 50% de impuestos (solo el otro 50% es el consumo). De la gasolina… ni os cuento, pero entre pitos y flautas no baja del 70%. Hay otra corrupción que el robo: la connivencia con los poderes fácticos. ¿Deberían las asociaciones de defensa de los consumidores y usuarios convertirse en partidos políticos? Ningún partido hace nada por bajar los impuestos o mejor dicho racionalizarlos. Ni siquiera Podemos (UP), que apuesta por subirlos. Hay más de 50 impuestos distintos y casi ninguno progresivo. Las malas lenguas dicen que la presión fiscal total supera el 80%. ¡Facua, Facua, Facua!

El desgarrado. Junio 2021.