En el desmedido afán de poder y dominación -que hoy ya no puede confundirse con la presunta excelencia partidaria de la derecha sobre la izquierda, con el servicio público, con la soberanía del pueblo o con la honradez- el PP se ha decidido por el golpe de estado, que ha resultado ser el camino más directo. Hace ya décadas (quizás siglos) que la política no es un sistema de gestión pública, sino un sistema de dominación, de sojuzgación y de desfachatez. El engaño, el robo, el populismo, la demagogia, la corrupción económica y política, la hipocresía y la asociación de malhechores son sus herramientas habituales. Hasta ahora la manipulación de las leyes se efectuaba desde la sombra (la legislación ad hoc, las decisiones sesgadas del ejecutivo y la compra de los jueces -es decir la conculcación de la separación poderes- en definitiva: el cumplimiento de la Constitución era la garantía aparente de su democracia. Pero eso se ha acabado.

En la actualidad el PP no juega a la manipulación subterránea de esa separación de poderes y por tanto de la Constitución sino que ha salido a campo abierto. Lo primero ha sido confundir a los ciudadanos sobre conceptos y competencias. La Constitución es una ley de leyes, el esquema legal en el que una nación se mueve. La separación de poderes divide las competencias entre el gobierno (que ejecuta, gestiona, organiza); el legislativo: el Parlamento (que legisla, hace leyes y dice que controla) y el judicial (que aplica, interpreta y mejora las leyes). Este esquema montesquieuniano fue pronto modificado por los políticos para saltárselo: el ejecutivo legisla mediante el Decreto-ley e interviene en la judicatura nombrando jueces afines, fiscales, magistrados, repartiendo las causas, etc. y finalmente decretando el indulto y la amnistía; el Parlamento ejecuta, arrogándose las grandes decisiones, las comisiones de investigación (inoperantes); y el judicial -lejos de aplicar la ley y mejorarla con la jurisprudencia- la interpreta sesgadamente para favorecer a los de su cuerda. Nadie se conforma con lo que le ha tocado en el reparto de poderes. Ni que decir tiene que la oposición está excluida de cualquiera de los tres poderes y tiene una función meramente política. Pero el mensaje es que la oposición gobierna.

Pero eso se ha acabado. Ahora ya no se trata de manipular en la sombra sino a la luz del día y para ello se confunden las competencias. El PP decide que el control de la constitucionalidad de los partidos políticos es de su competencia (cuando es del judicial) e intoxica a los ciudadanos erigiéndose en el paladín de la España “una grande y libre”. También se arroga el control de la justicia y decide que los terroristas que han cumplido sus penas no han cumplido con su deuda con la sociedad (como dice la ley) sino que tiene una deuda perpetua que solo se puede solucionar con la justicia infinita que el propio PP se encarga de encarnar. El (in)cumplimiento de la ley también es cometido apócrifo del PP, desafiando al ejecutivo con el anuncio de la desobediencia de las leyes o de su próxima revocación. En su afán de confundir a los ciudadanos les hace creer que lo político es lo mismo que lo jurídico y se arroga la injerencia en el gobierno y la judicatura desde los tribunales (que previamente han sido teñidos de su color) en lo que se ha llamado la juridificación de la política. Evidentemente se arroga la defensa de la patria unida (que corresponde al ejecutivo) y se apodera de sus símbolos como la bandera, el himno, el idioma, la historia y definitivamente la españolidad (que pertenecen a todos los españoles). No otra cosa hizo el fascismo al convertir la nación en el eje de su política, racismo y holocausto incluidos. En esta campaña de confusión de competencias cobra valor su oposición a cambiar la enseñanza de la religión por la educación en la convivencia que ellos mismos habían inventado como la formación del espíritu nacional.

Pero donde el golpe de estado permanente y soft se patentiza de la mejor manera es en la no renovación de la cúpula del poder judicial. Es un mandato Constitucional que no puede ser discutido y menos aplicado discrecionalmente por un partido político excluido de la separación de poderes. Eso es un golpe de Estado, tan golpe de Estado como la declaración pacífica y unilateral de la independencia de Catalunya. Porque si puede haber golpismo sin violencia, conculcar la Constitución unilateralmente también lo es. No es que arrogarse competencias jurisdiccionales (como la recusación de partidos políticos legales, o el rechazo de la redención de la pena por la cárcel) no sea un golpe de Estado, pero en este caso se ataca directamente la Constitución. El PP es un partido golpista por más que a ellos les parezca que para salvarnos pueden iniciar una guerra dialéctica, democráticamente decidida (como la de Irak) o dictatorial como la guerra civil. Al fin y al cabo: de casta le viene al galgo.

El desgarrado. Septiembre 2021.