He analizado este tema desde el punto de la política pura (Lecciones de política alternativa 86) y desde la reflexión sociológica (Reflexiones tipográficas 357). Toca ahora hacerlo desde el punto de vista del gobierno y del conflicto social/laboral (como un acontecimiento en la legislatura) que es el punto de vista que mayormente han aceptado los partidos políticos de la oposición de acuerdo con la fórmula: “todo es culpa del gobierno”. Pero, de acuerdo con esa dialéctica en la que primero se determinan las soluciones (los objetivos) y después los argumentos que las debieran originar, se conculcan todas las lógicas político-sociales de forma absolutamente sesgada, interesada y partidista. Es lo que Rancière ha llamado el “giro ético” y que no es difícil de encontrar en muchas manifestaciones que debieran ser políticas (o estéticas) y que sin embargo son éticas.

El giro ético consiste en abandonar la política y el derecho para optar por posiciones exclusivamente éticas (una cierta ética) de acuerdo con normas de comportamiento o morales que consisten en considerar los hechos, no como los datos desde los que se aplican políticas o estéticas, si no como base y razón, como forma de actuación al margen del marco político y jurídico. Lo podríamos llamar desregularización -en lo que conculca el marco jurídico- o lógica social -en lo que conculca el marco político. La plataforma que convoca la “huelga” se sitúa en un espacio de nadie entre los empresarios y los trabajadores por cuenta ajena, aunque -legalmente- su ubicación es entre los empresarios. El esquema trabajadores-empresarios debería haber contemplado esta situación cuando empujó a los trabajadores a hacerse emprendedores y formar su propia microempresa que, en este caso consta de un autónomo y un medio de trabajo (camión, camioneta, tienda, sitio web, etc.), pero no lo hicieron y de aquella imprevisión (o abuso) vienen estos problemas. Jurídicamente son empresarios y éticamente son trabajadores poseedores de su propia herramienta de trabajo como los albañiles poseen la artesa y la llana.

Pero esta situación en tierra de nadie también ha sido asumida por los propios afectados que -haciendo dejación de sus obligaciones e intereses- no formaron el oportuno sindicato que los representara -todo hay que decirlo- porque no consiguieron el número mínimo de afiliados para ello. Por su propia voluntad decidieron formar parte de la mayoría silenciosas, en este caso, voluntariamente silenciosa. Que tantísimos transportistas deberían tener representación es un imperativo ético pero jurídicamente no tienen representación porque no han querido tenerla pues decir que no eran suficientes para alcanzarla se ha demostrado que no era cierto. A esto se le llama en mi pueblo “acordarse de Santa Bárbara cuando llueve”.

Finalmente es obligación del gobierno adelantarse a los problemas antes de que se enconen, siguiendo la política de que es mejor prevenir que curar. Resumiendo: los transportistas no tienen una plataforma legal que los represente y se sitúan en un estatuto en tierra de nadie que debería haberse previsto cuando se les ocurrió aquella ocurrencia de los emprendedores, más interesados en la economía colaborativa y los falsos autónomos; más interesados en salvar las prestaciones de la SS; más interesados en la regulaciones drásticas que en las desregulaciones operativas, que en lo que debería ser (y no es) la política: el bienestar de los ciudadanos, por encima de componendas partidistas y personales.

Cada uno mira el problema desde su perspectiva: los unos desde la política en un marco jurídico y los otros en la facticidad de los hechos en el marco de la lógica social. En un estado de derecho, como el nuestro, la razón la tiene el gobierno, y no es por otra razón que los partidos que apoyan el movimiento (PP y VOX) no entablan la batalla en lo jurídico o en lo político sino en lo ético (aparte de que les permite actuar en la sombra). Porque no les queda otra. No hay que ser muy listo para darse cuenta que hay una intención clara y definida de desestabilizar al gobierno en vías a arrebatarle el poder, como ha sido norma por parte de la (ultra)derecha desde que empezó la legislatura. La alianza entre PP y VOX en CyL no deja margen a la duda sobre su identidad de ideas (machismo, meapilismo, antiinmigratorios, homófobos, antieutanasia, antidemócratas, antianimalistas, todo envuelto en un ultraliberalismo desbocado) y de objetivos (obtener el poder a toda costa), de alguna manera de la misma forma que quieren el poder los transportistas: a través de un golpe de Estado. A través de sustituir la política y el derecho por una cierta ética.

El desgarrado. Marzo 2022.