Los agricultores se movilizan en toda Europa y los políticos les secundan a la eterna búsqueda de votos. Los franceses se lamentaban de que debían cumplir normas restrictivas ecológicas superiores a las que cumplían los países que exportaban productos agrarios a Francia. Luego -ante la igualdad de regulación como miembros de la UE- cambiaron de discurso a lo de la normativa de los productos ecológicos y la Royale descalificó los tomates españoles como incomestibles. ¡Qué más querían los políticos españoles! Merendola ante las cámaras y descalificaciones chauvinistas. Y entonces se unen los agricultores españoles a la protesta. El clamor parecía ser lo de las distintas normas para nacionales y extranjeros. Salió a relucir la normativa europea ecológica: menos pesticidas y Europa reaccionó posponiendo la aplicación del recorte. Las primeras movilizaciones en España fueron de convocantes desconocidos y sin disponer de autorización y con marcados tintes violentos: cortar carreteras, colapsar los centros de las ciudades, que inmediatamente se relacionaron con la ultraderecha (vínculos había que lo justificaran). Los sindicatos mayoritarios anunciaron su huelgas autorizadas para hoy. Cambia de nuevo el discurso para reivindicar un precio justo en origen y la aplicación de la ley reguladora. Barcelona ha sido invadida por los tractores y para mañana se anuncia la marcha sobre Madrid… con especial hincapié en un destino: Ferraz.

Ante el cambiante discurso (diferentes normativas para los productos nacionales y los importados, diferentes calidades, legislación medioambiental asfixiante, bajo precio en origen) una pregunta flota en el aire: ¿qué quieren? Lo único claro es que están cabreados y se han lanzado a la carretera en la primera movilización multinacional que se produce en Europa. Las pancartas son claras: ¡dejadnos vivir! no es una reivindicación contra un sector sino contra todos los que les hacen la vida imposible (desde la administración, con un trato diferencial a los productos importados, y la implantación deficiente de la legislación medioambiental, al mercado que les paga poco por culpa de las multinacionales). Pero la imagen del pobre agricultor oprimido por las multinacionales se desdibuja: La mayor parte de la industria agraria (60%) son fondos de inversión, bancos y aristócratas. El 32% son arrendatarios (agricultores no propietarios) y el resto es de propiedad pública.  Prácticamente toda la tierra está en manos de grandes tenedores y de ella el 32% se arrienda a pequeños agricultores. El feudalismo no acabó con la Edad Moderna. Ya nadie habla de la reforma agraria que fue un eslogan del franquismo y una reivindicación del socialismo: “la tierra, para el que la trabaja”. Y ello es porque la estructura capitalista ha encontrado mejores maneras de dominar que la propiedad.

Hoy, la propiedad está en declive. Vivimos en un piso que es nuestro nominalmente pero que ha sido (y es) financiado por un banco (hipoteca) a quien debemos todo su valor y que cuando ya esté pagado podremos hipotecar negativamente para obtener una cuota salarial. Nunca es del todo nuestro porque es un simple flujo de capital. Disponemos de un coche que no es nuestro (renting), sino que está en régimen de alquiler (leasing). Los productos de inversión financiera se parecen más a seguros o apuestas (a futuro, a que se arruinen) que a títulos al portador. La propiedad del dinero no es remunerada por los bancos (con intereses) sino que se grava (comisiones, gestión) por mantenerla. La maquinaria y los vehículos industriales son mayormente de alquiler. La propiedad de determinados aparatos (impresoras, teléfonos móviles, cafeteras) es insignificante frente al suministro para su funcionamiento por lo que se regalan, se venden con bonificaciones extraordinarias o se prestan. En resumen: la explotación no requiere la propiedad. El dinero se ha convertido en un apunte contable, cuya acumulación física es gravada por la inflación, el fondo de garantía de depósitos, o el robo. La propiedad  (patrimonio) está gravada fiscalmente mientras el alquiler puede estar bonificado. Los bancos generan beneficios cuantiosos mediante un dinero que no es de su propiedad y por el que no pagan nada, ni siquiera cuando -por su estupidez o su codicia- caen en bancarrota. En un mundo, en que el sector servicios no para de crecer, pagamos por el uso y no por la propiedad. 

La reforma agraria ya no tiene sentido, porque poseer la tierra es más un engorro que un beneficio. A no ser el caso de los grandes terratenientes que obtienen subvenciones, exacciones, créditos, arrendamientos, beneficios fiscales, etc. convirtiendo la propiedad en flujo de dinero (la tierra se mueve). Y los arrendatarios  (ese tercio de trabajadores del campo por cuenta ajena) son autónomos o pequeñas empresas, que además crean empleo y pagan impuestos sin bonificaciones. Pero -no lo olvidemos- son minoría frente a un agro controlado por aristócratas, fondos, bancos y multinacionales de la alimentación. La reforma agraria ha cambiado de signo pues ya no es un problema de propiedad sino de gestión. 

Porque estamos en el capitalismo de gestión, los capitalistas ya no tienen propiedades (que no sean suntuarias). Los políticos, los financieros y los gestores societarios controlan todas las transacciones de bienes. Los políticos mediante la información privilegiada, el tráfico de influencias, las puertas giratorias o los puestos en consejos de administración; los financieros mediante el acceso indiscriminado a los ahorros de los trabajadores, los seguros, los instrumentos financieros de alto riesgo, los servicios de guarda y custodia de capitales; y los gestores societarios controlando las sociedades anónimas (sin responsabilidad). Todos tienen el mismo modus operandi: fijarse sueldos astronómicos, dietas suculentas, bonus extravagantes, coches oficiales, viviendas, y toda clase de prebendas. A su servicio tienen los paraísos fiscales (y los testaferros) en los que camuflan el capital que adquieren mediante el tráfico descrito. Y todo esto sin infringir la ley, sin entrar en la corrupción. Los políticos les han provisto de leyes que les amparan. De las misma manera que se monta un entramado de empresas para hacer operaciones opacas, se monta un entramado de intermediarios para que el precio pagado en origen al agricultor se multiplique hasta por diez al llegar al consumidor. Tres intermediarios elevan el precio (doblando cada uno de ellos el precio del producto) en 8 veces su valor: el 800%. ¿Son necesarios tres intermediarios para que el producto llegue al consumidor? ¿Es necesario que doblen el valor?

Pero no nos engañemos. El único que sufre ese bajo precio en origen es el agricultor autónomo (el 30% del total) y su única solución para mejorar es la cooperativa, la venta on line directa al consumidor, o la venta directa física. Pero esa situación le supone exceder su propia competencia y hacer trabajos de transportista, distribuidor, comerciante para los que muchas veces no está preparado.  Las multinacionales de la alimentación son entramados de sociedades que cumplen todos los pasos de esa intermediación que han inventado para ganar más dinero y controlar los precios en origen. A partir de esta situación de expolio los agricultores (entendemos que los arrendatarios) inician un clamor que beneficia a los grandes terratenientes pero que para ellos es necesidad. Y el gran culpable es la administración: 1) por dar distinto trato a los nacionales que a los extranjeros, 2) por implantar deficientemente las mejoras medioambientales, 3) por no controlar a las multinacionales y grandes terratenientes en su trust industrial, 4) Por no controlar los precios en origen, 5) por no articular medios de venta directa de los agricultores a los consumidores. 

Los agricultores sufren todas estas carencias de la administración y se quejan. En su desesperación piden que se corte la sangría por cualquier medio y la administración (UE) lo corta por donde no debe: las medidas medioambientales. Es curioso, pero siempre se la carga el medio ambiente. Y quedan muchas más cosas que podría hacer la administración como mejorar el sistema de semillas seleccionadas, para mejorar los tomates de Royale o mejorar el mercado de transgénicos, o atajar la sangría de vaciado de la España rural. Y no está de más recordar que la sequía que acaba de redondear la situación del campo, está entre esas consecuencias de la falta de control del medio ambiente. Demasiados parámetros para una administración que está absorta por la amnistía y por salvar el culo de Junts. Aunque también es verdad que sin ello estaría gobernando la (ultra)derecha, la misma que recorre las manifestaciones arañando votos y mintiendo, instigando a la violencia y al odio. Lo de la tractorada en Ferraz es sencillamente delirante. 

El desgarrado. Febrero 2024.