El campo se queja. Se manifiesta ante el ministerio del ramo. Sus reivindicaciones vienen a decir lo siguiente: estamos en una economía de mercado pero queremos ser subvencionados o tuteados con precios mínimos. Es cierto que vivimos en una economía que -por más que digan los ultraliberales- es una economía con intervención del estado para evitar las distorsiones que de otra manera se producirían. La investigación básica (la que no tiene un beneficio inmediato) la realiza el estado. El Estado subvenciona y dicta leyes para proteger esas distorsiones que el ultraliberalismo produce. Incluso permite la puertas giratorias de privatizaciones/nacionalizaciones, que tan a menudo se dan en la corrección de la economía liberal como ha sucedido con la sanidad en Valencia. Los ultras quieren que todo se privatice (¡el peor empresario es el estado!) pero exigen que lo que no quiere el mercado lo realice la Administración. El caso de los bancos es palmario: beneficios privados, pérdidas socializadas.

El campo se siente asfixiado y reclama protección. No reclama justicia, sino protección. Cualquier subsidio o tutela será pagado por el consumidor: salvar a unos es condenar a otros. Es evidente que la diferencia entre lo que cobra el agricultor y lo que cobra el super es brutal (entre el 500 y 1000%).  En primer lugar deberíamos saber si esa diferencia es abusiva o es “normal”. No puede ser normal pues la diferencia es “anormal”. Hace poco “equipo de investigación” analizaba la comida que se tira en España. El reportaje era tremendo. Se tira comida desde el agricultor (que desecha lo que no le van a comprar), pasando por el distribuidor (que selecciona lo más bonito), siguiendo por el vendedor (que tira lo que no vende). A lo largo de la cadena todos tiran. Pero además se niegan a reaprovechar lo que tiran. Si la mitad de lo que se produce se tira, o producimos menos o no hay nada que hacer. Pedir subvenciones o precios mínimos para tirar los productos del campo tiene poca gracia.

Durante años los agricultores tuvieron canales directos para vender en los mercados de abastos. Hoy han desaparecido. Lo curioso es que en esos puestos no solo no se vendía más barato (ese diferencial de entre 500 y 1000% sino que era más caro en base a una mejor calidad. Es el mismo caso que la venta por internet. A pesar de ahorrarse el distribuidos los precios son los mismos. Es decir la competencia no funciona sino que se acogen al precio más alto. La cuestión es que los agricultores se quejan pero los precios de la fruta y la verdura se ha multiplicado por diez en los últimos cuarenta años. Quizás esa diferencia no les llega a su bolsillo, pero ¿se debe arreglar con subsidios o precios mínimos? Se me ocurren varias alternativas.

1) Sistema de precios tasados (mínimos). Se facilita a los agricultores canales de venta directa pero a precios tasados (como la vivienda protegida). Los mercadillos de agricultores enseguida tendrían popularidad ante la ira de los que venden a precios de “mercado”. Tasar los precios no es lo mismo que subvencionar. Evidentemente mejoraría la competencia por lo menos a las horas en que esos mercadillos funcionaran.

2) Mejorar el acceso al mercado de los agricultores con ayudas a la innovación y desarrollo, la productividad, la mecanización, etc. (lo que no es lo mismo que las semillas seleccionadas). Es decir con ayudas a la producción. Producir más barato debería acompañarse de controles para que las grandes empresas de distribución (los supermercados) no aprovecharan para apretar aún más.

3) Facilitar la creación de cooperativas que no solo cultiven y cosechen sino que también distribuyan, transporten, exporten, etc. naturalmente sin que puedan (en el caso de ayudas y subvenciones) alcanzar los precios de mercado. No se trata solo de salvar a los agricultores sino también de mejorar los precios a los consumidores.

Estoy seguro de que todo esto ya se ha hecho. Solo con pensar en Arias Cañete lo visualizo. Pero de lo que estoy convencido es que se ha hecho mal, se ha cedido al tedio, y a la corrupción. No se trata solo de tener ideas sino de aplicarlas con rigor y honestidad. La política no es una actividad de ideas sino de realizaciones. Un político tiene que presumir de lo que hace… en la mejora de la vida de los ciudadanos. Cuando un político presume de salvar España, eso no es un político, es un vocero. Y parece que ahora solo tenemos voceros.

El desgarrado. Febrero 2040