¡Salta el caso Zapatero! Algarabía para una (ultra)derecha que solo sabe hacer de oposición por los cauces más barriobajeros -cuando no- abiertamente inconstitucionales. Consternación para la izquierda -en la medida en que ignoraban lo que estaba pasando… ¡lo que es mucho decir!- que ve como -de nuevo- uno de los suyos ha tirado por el camino del enriquecimiento fácil. A los ciudadanos les da lo mismo. Primero por que saben que no habrá manera de entender nada, de atisbar ni la más mínima verdad. Segundo porque hace tiempo que saben que los políticos no les representan, que están ahí a lo suyo, a enriquecerse, evadir responsabilidades y eternizarse en el cargo. Tercero porque no les atañe, pues tanto unos como otros están a lo mismo y pase lo que pase no se devolverá ni un euro. Los políticos son para el pueblo un impuesto, una mafia  que se ha encaramado al poder (de decidir, de legislar y de juzgar), que ignora lo que es el bien común y que se limitan a conservar la poltrona (profesionalizándose en el cargo), ganar elecciones (generalmente dopadas), evitando toda responsabilidad (corrupción institucional, legislación ad hoc, aforamientos, indultos, amnistías…) y en el convencimiento que su labor está mal remunerada y que por ello pueden meter la mano en el bote de los caramelos cuando les plazca. 

Una crisis es una oportunidad de negocio y un caso de corrupción es una oportunidad de corregir las leyes para que la responsabilidad política sea menor… si cabe, aunque siempre dentro de la ley del embudo. Lo que está en juego en este caso es la cuestión de las pruebas circunstanciales, pruebas indiciarias que no son concluyentes y que a los políticos les interesan mucho pues es su vía de escape cuando les pillan (¡no fue intencionado, no lo sabía, no me consta, no tenía información…) González no sabia lo de los Gal, Aznar lo de las armas de destrucción masiva, Rajoy no sabía que su ministro del interior (que -a su vez- no sabía lo que hacía la policía) usaba los recursos del Estado con fines partidistas. ¡Ni tan siquiera sabía quién era M. Rajoy! ¡Tan listos para unas cosas y tan inocentes para otras! Pues bien, en su desesperación por volver al poder la (ultra)derecha ha decidido cambiar las reglas del ¡juego y aceptar las pruebas circunstanciales. ¿Por qué ese cambio de estrategia? Porque la vía de la prevaricación es muy peligrosa. Mucho mejor un juez estricto y garantista que uno  de los “Pa’lante” como el del reciente circo del fiscal general. Pero todo esto requiere de una explicación cabal.

En España los jueces son mayormente de derechas porque la magistratura es una profesión de ricos.  No se pueden aguantar años de oposiciones sin un respaldo económico importante. Por otra parte los jueces no pueden juzgar de acuerdo a sus propios criterios sino que deben aplicar la ley -cuya interpretación- se realiza en muy estrechos márgenes, tanto para unificarla (igual para todos) como para preservarla de personalismos tóxicos.  Solo el Tribunal Supremo y Constitucional  pueden -en circunstancias tasadas- incorporar modificaciones a la interpretación generalmente aceptada de las leyes. En resumen los únicos que inventan leyes son los parlamentarios políticos, en ejercicio de su función legislativa. Estos se ven en un dilema pues -al hacer las leyes que se les aplicarán en caso de corrupción- tratan de que sean poco definidas, poco ejecutivas y poco expeditivas. En una palabra: prevarican en origen. Evidentemente no acaba ahí su autotutela sino que disponen de mecanismos para anular e inaplicar las sentencias cuando -a pesar de todo- estas se producen. Las leyes tienen un espíritu (el conjunto de valores de la sociedad que las promulga) y una letra que desciende al caso concreto detallando todo lo posible para que no se escape ningún caso. El espíritu se concreta en la “exposición de motivos” en el que se exponen las intenciones del legislador, como cláusula de cierre para cuando surgen casos no previstos por la letra de la ley. Pero hay un principio general que se pone al principio de cualquier ley: en caso de duda… a favor del reo. Se trata de priorizar el no cometer errores al de obtener aciertos: es más importante no condenar a un inocente que la eventualidad de que algunos de estos escapen a las garras de la ley. Es por ello que las pruebas circunstanciales (indiciarias) son preferiblemente desechables. No es lo mismo inocente (el que no cometió delito) que no culpable (al que no se le pudo demostrar) y en ese tránsito entre la inocencia y la no culpabilidad es donde la justicia no es justa, sino piadosa, garantista. 

El ciudadano no debe entender las leyes, debe cumplirlas (incluso si no las conoce). Y aquí se abre otro lapso de incerteza. Al ciudadano no se le exige que conozca el espíritu de la ley (llámese ética, moral, conjunto de valores), se le exige respeto, cumplimiento. La intención debería ser ajena al delito. De hecho el homicidio imprudente (no intencionado) así lo ve. Sin embargo la intención se introduce en la calificación del delito en un sesgo moral que simplemente pretende salvar el culo del legislador: torticeramente. La sanción ética debería estar ausente de la calificación del delito pues no tiene sentido exigir el cumplimiento del espíritu de la ley… y su letra. Como habréis adivinado la intención y la circunstancialidad del delito están intrínsecamente relacionados. No hay estafa si no hay intención, intención que solo se puede probar circunstancialmente… en ausencia de declaración expresa. Lo que se va a plantear en este proceso contra Zapatero es: ¿Si cumplió la letra de la ley y no cumplió el espíritu de la ley el Sr Zapatero… es culpable? ¿Son suficientes las circunstancias para decidir si Zapatero actuó calculadamente contra la ley pero no contra la letra de la ley? El auto del juez se decanta -en contra de lo que es habitual en estos casos- por plantear el problema de la necesariedad de lo circunstancial. Supone un cambio de envergadura en la aplicación de la justicia. Un cambio que permitiría -a partir de ahora- admitir pruebas circunstanciales con lo que ello supone de quebrantamiento de la presunción de no culpabilidad. 

Si en la justicia se aplica “In dubio… pro reo” creo que en la sociedad debería aplicarse “in dubio… pro ciudadano” es decir: que en caso de corrupción política se haga la interpretación más favorable al ciudadano. Pero no es actualmente así y por tanto debe aplicarse en beneficio del político presuntamente corrupto. Zapatero actuó cumpliendo exquisitamente la letra de la ley. Se le acusará de que en su calidad de expresidente debía haber llegado más lejos (no solo cumplir la ley sino también su espíritu… como la mujer del Cesar que se debe a sus apariencias además de a su esencia). Lo matizo para que quede claro: como ciudadano Zapatero es no culpable; como político Zapatero es culpable. ¿Vamos a perpetuar esta clarísima injusticia que supone que políticos y ciudadanos tengan distinto trato legal? O dicho de otra manera: ¿Somos iguales ante la ley? Empieza a ser hora de que la inviolabilidad de políticos, jueces y monarcas desaparezca. Pero a Zapatero se le tiene que juzgar con la ley vigente y no con la que -a todas luces- resultara más justa. Sócrates murió por que consideró que la ley (institución) era más importante que la justicia (valor, virtud). Fue el último que consideró que ley (letra) y justicia (virtud, espíritu) fueran oponibles. Con él se separa la ley de la ética. La institución es más importante que el individuo… incluso si es virtuoso. Lo que se está poniendo en cuestión 24 siglos después es precisamente eso, y lo terrible es que se hace desde las instituciones (la política) y a su beneficio. Zapatero ya no es un político, es un ciudadano: la gran puerta giratoria por la que se pasa llevándose información privilegiada y el tráfico de influencias. En nuestra sociedad solo es político el que pertenece a un partido con el que se funde y desindividualiza. Y por eso caerá, porque sus antiguos correligionarios no pueden admitir que el emperador está desnudo que la justicia es partidista. Poco a poco será abandonado como lo fué Bárcenas, Ábalos o tantos otros. Para los partidos políticos el individuo no existe, el mero hecho de individualizarse es delito, causa de expulsión. No hay vida fuera del partido, y todavía menos: buena vida. Evidenciar la información privilegiada y el tráfico de influencias ha sido tu delito y por ello serás castigado. 

Estamos entrando en una nueva era en la que el fascismo será determinante. En USA tienen un presidente multimillonario, golpista, que gobierna a golpe de ley ejecutiva (decreto ley) que se desvincula del Congreso en sus más elementales obligaciones constitucionales, y que considera que el mundo es su patio trasero. La información privilegiada que le proporcionan sus propias acciones políticas le han conducido a más de 7.000 operaciones de bolsa con más de cuatro mil millones de beneficio. Mata a narcotraficantes como si de un juego se tratara y emite órdenes de busca y captura contra dirigentes de naciones soberanas (Maduro, Castro. En su esquizofrenia ha desdoblado su personalidad entre el ciudadano que denuncia al Estado por haberle investigado y ser la cabeza visible de ese propio Estado. El ultimo contencioso por el que pedía 10.000 millones de daños y perjuicios se ha saldado con un acuerdo (entre Trump denunciante y Trump denunciado) de indemnización de 1.800 millones que ha destinado a compensar a los asaltantes del Congreso. Apoya a Netanyahu en su genocidio gazatí a cambio de negocio inmobiliario y se ha metido en una guerra con Irán de la que -obviamente- no sabe salir, con resultados catastróficos para todo el mundo… menos él. Trata de comprar la voluntad de los groenlandeses con chocolatinas a cambio de explotar el Ártico. Simpatiza con Putin y acusa a Castro de asesinato como paso previo a quedarse con Cuba. Eso es Política en USA y será la tónica en el resto del mundo. Se acabó la democracia. A eso (corrupción y fascismo) ha conducido la democracia de partidos. ¡Felicidades! ¡El último que apague la luz antes de irse!

El desgarrado. Mayo 2026.