Como decía House “todos mienten”. Se refería él a los pacientes, pero podríamos aplicar perfectamente a los políticos, gestores y dirigentes. Los hechos desnudos son que el estado de Alarma cumplió perfectamente con su cometido a pesar de la escasa colaboración de la oposición y de las comunidades que se pusieron de culo desde el primer minuto. Si apoyaron los primeros aplazamientos fue por miedo a las consecuencias, con la esperanza de ver como se estrellaba el gobierno y por falta de alterativas (ese plan B que le ha costado al PP 135 día parir). El Gobierno consiguió doblegar la curva y dejar a España en situación de que las comunidades mantuvieran los logros conseguidos. No ha sido así. Las comunidades que se veían capaces de hacerlo mucho mejor que el gobierno, lo están haciendo peor. Y eso con más conocimientos y más medios.

Es una evidencia que en un estado federal (aunque sea moderadamente) siempre hay otra administración a la que echar la culpa. El estado de las autonomías se ha convertido en un estado de la irresponsabilidad: pase lo que pase la culpa es del otro. Solo la administración central mantiene cierta lealtad institucional. No es el caso de las autonomías que se despachan a modo, incluso con el mismo color político que los centrales. Los votos son los votos y tal como Nuñez se desmarcó del PP en las elecciones gallegas (ocultando el logo y vetando a la vocera oficial) las autonomías del PSOE no dudan en desautorizarlo si con ellos creen que ganan votos. La Diaz arremetió contra la administración central como si haber conseguido ser los líderes en contagios y muertes fuera culpa de un Gobierno que no controla las sanidades autonómicas, únicas culpables de la falta de medios materiales y humanos. Incluso trataron de echar la culpa de lo que pasaba en las residencias, al  gobierno, aunque no estaban incluidas en el estado de Alarma. Como colofón se quejan de que el estado de Alarma se acabó demasiado pronto sin haber orquestado un plan de control de los rebrotes cuando el PP prácticamente obligó al gobierno a levantarla con sus vetos reiterados.

En la lucha por el voto todo es entendido como un agravio comparativo. Si las baleares y las canarias solicitan del gobierno UK que les habilite un corredor dada su baja incidencia del contagio, inmediatamente Andalucía y Valencia se unen a la petición sabiendo que si lo piden todos no lo conseguirá nadie. De cara a las elecciones es mejor que estemos todos jodidos a que haya unos que han conseguido ventajas “discriminatorias”, cuando los contagios son datos objetivos. Catalunya, con un rebrote espectacular, dice en voz de su President, que ellos se han adelantado a todo en su sempiterno pulso con el gobierno central. En efecto se han adelantado hasta en la aparición de la segunda ola de  la pandemia. Las diferencias de directivas (mascarillas, ocio nocturno, playas, restaurantes, culto, etc), a todos los niveles, demuestran que el mando único es no solo necesario sino conveniente. Para un ciudadano, en eterna desconfianza de sus políticos, la dificultad de entender las medidas “discriminatorias” de las autonomías, acaban en infracciones.

Nuestro estado podría perfectamente llamarse estado de los irresponsables en vez de estado de las autonomías. El rey (jefe del estado) es irresponsable incluso fuera del espacio de sus atribuciones constitucionales (cuando ejerce de comisionista) y del tiempo de su ejercicio (cuando ya no ejerce de rey), es decir, absolutamente irresponsable. Los políticos no solo se legislan a su medida, sino que disponen del aforamiento (solo ciertos jueces afines pueden juzgarlos) que les proporciona inmunidad temporal (mientras ejercen el cargo) y formal (frente a jueces tasados). La amnistía y el indulto están para cuando todo falla (el 90% de ellas son para políticos o parapolíticos). No solo los políticos en sus declaraciones de bienes, de dietas, de causas o de incompatibilidades son presuntamente veraces (sin más: su palabra) sino que la ley mordaza añadió esa presunción a la policía en el ejercicio de su cargo, lo que añadido a la administrativización de las penas (es decir: multas) es una forma de intimidación formidable ¡Floyd, no estás solo! Parecería que todos estos privilegios bastarían para que sus señorías vivieran tranquilos. Pues no. Ha hecho falta la ley mordaza para blindarlos, la reforma del código penal para introducir los subjetivos delitos de odio y el sobreseimiento de las causas por transcurso del tiempo de instrucción (1,5 años) en la reforma de la ley de procesamiento. Queréis más irresponsabilidad: los condenados no son obligados a restituir lo defraudado.

Evidentemente ningún político es responsable del despilfarro de fondos públicos invertidos en aeropuertos sin aviones (aquel inefable aeropuerto del abuelo Fabra), autopistas sin automóviles, centros de arte sin público, ciudades de la justicia sin salas (Aguirre), o de ese sinsentido que son las rotondas y el AVE (20.000.000.000€) incluso si se saltan los informes de estudios de viabilidad técnicos y económicos. Con el dinero de esos proyectos -absolutamente electoralistas- invertido en sanidad i en investigación, no habría muerto nadie en España por el coranavirus. Irresponsables sí pero incluso de muertes por negligencia.  Y aún podríamos hablar de las privatizaciones de saldo por las que los bienes públicos pasan a manos de fondos buitres como aquella venta-donación de la Botella de más de ml pisos de promoción pública a un fondo buitre como si el problema de la vivienda estuviera resuelto. Construir pisos con fondos públicos y luego vendérselo a un fondo buitre (privatizarlo) es el negocio de Abundio que vendió el coche para comprar gasolina. Parte del problema del coranavirus es la privatización de los hospitales y su personal. Una nueva irresponsabilidad. Y que decir de la investigación. El que no investiga está condenado a pagar patentes. A eso nos condenó Rajoy con el recorte en investigación de 2008, nunca restituido. A eso y a que seamos tercermundistas en investigación con una fuga de cerebros alarmante. Y a las 30.000 muertes por coranavirus.

Pero la cosa llega hasta el castaño oscuro cuando los políticos exigen responsabilidad a los ciudadanos (sobre todo a los jóvenes). ¿Se puede exigir responsabilidad cuando tú mismo has hecho de la no- responsabilidad una esencia? ¿Estás dficiendonos que lo ancho para ti y lo estrecho para el mundo? ¿Estas aplicando la ley del embudo? En efecto eso es. Pero la cosa es todavía más asquerosa. Para los jóvenes y los ciudadanos en general la irresponsabilidad es una cuestión ético-moral. Para los políticos y gestores es una cuestión estructural-gnosológica. Aún si consideramos (con Hegel) que la ética es natural (social) y la moral normativa (jurídica), todavía la distancia hasta la irresponsabilidad política es abismal. Si podemos considerar que coinciden en lo normativo (el derecho positivo) es evidente que para los políticos la cosa llega mucho más lejos, hasta lo gnosológico, hasta lo constitutivo de la razón. No es para ello cuestión social. de acción sino cuestión mental de reflexión. No es difícil que un político encuestado sobre el tema (como Durán) por Évole, responda: ¿responsabilidad? ¡Está usted loco! Si la justicia debiera ser igual para todos, la responsabilidad (ética y epistemológica) debería serlo, aún más. 

No solo queremos que los políticos sean responsables ante la ley. Queremos que se apruebe una ley de responsabilidad política que les obligue a suscribir un seguro de responsabilidad civil que ampare a los ciudadanos damnificados por sus acciones, incluso indirectas y azarosas, exactamente igual que cualquier profesional cuyo trabajo involucra la vida de los otros (médicos, arquitectos, ingenieros... o feriantes, etc.). Esa es la solución. Que todos seamos responsables de nuestros actos y no solamente los ciudadanos. ¿Oída?

El desgarrado. Julio 2020.