Los políticos catalanes no han querido soltar prenda de cómo será la Constitución de la República excepto algunas pocas indicaciones como por ejemplo que será una república. Suponemos que será una sugerencia pues será el pueblo catalán el que deberá decidir en consulta popular si será una república. Solo faltaría que los políticos catalanes empezaran ya con un pucherazo, aunque parece razonable pensar que los catalanes no están por monarquía alguna. Pero la democracia no se basa en suposiciones. Sin embargo el Procés ya ha marcado una serie de lineas rojas que no pueden ser traspasadas y que dan una pista de cómo será esa Constitución que ha de regir la nación catalana. En esta subsección del Cat-adeu vamos a indagar sobre esas “pistas” para tratar de intuir la ley de leyes que nos espera tras la anhelada independencia. Verdad es que cuando se inicia un viaje (en este caso político) lo normal es conocer el destino. No ha sido así. Sabemos cual será el territorio, la lengua, la cultura, la historia y las tradiciones pero desconocemos en su totalidad el pacto que los ciudadanos haremos con el poder para regir nuestro futuro. En una palabra: en cuestiones políticas estamos en la inopia.

Ni siquiera el tema del territorio o la lengua son absolutamente ciertos pues podría darse el caso que determinados territorios no quisieran pertenecer a la república catalana o no quisieran aceptar la lengua catalana (o preferir una variedad dialectal). El exquisito mimo con el que se ha defendido el derecho a decidir hace pensar que el derecho a la autodeterminación será uno de los emblemas de la nueva Constitución. A rusultas del cual, cualquier barrio, distrito, núcleo urbano, área, región o veguería podrá realizar una consulta popular en la que se decida si desea o no pertenecer a la República catalana. Otra cosa sería que la aspiración a la independencia fuera un consenso unánime pero no es así. El 50% de los catalanes no están por la independencia por lo que se les ha de consultar por si quieren quedarse en España, ser un estado asociado a Catalunya, federarse u optar a su propia independencia.

Si el derecho a decidir debe ser escrupulosamente respetado, decidir cómo se delimitan las áreas que son susceptibles de ser excluídas/incluídas en la Repúblca no parece cosa fácil. Quizás debería hacerse un referéndum previo que permitiera delimitar zonas que por su densidad de opción puedan ser marcadas como candidatas a esa exclusión. En cualquier caso no será sencillo. Evidentemente se podría declarar la unidad indivisible del territorio catalán pero eso estaría en contradicción de lo que los independentistas han defendido reiteradamente acerca de Catalunya y la unidad indivisible de España. Respecto a la lengua, el problema podría ser subsidiario del territorio pero también podría no serlo. Solo tras una consulta y una estrategia de acción podrá dilucidarse el camino a seguir. Optar por soluciones transitorias (de momento así y luego ya veremos) tampoco resulta compatible con el inalienable derecho a decidir. La co-oficialidad de todas las lenguas y variedades dialectales sería farragosa y confusa, además de cara. En la actualidad hay tres lenguas (castellano, catalán y aranés) además de otras variedades dialectales. La supresión del castellano como lengua co-oficial (que parece la alternativa razonable dado que la escuela es de tipo inmersión lingüística en catalán) podría encontrar resistencia entre los no independentistas dado que nuestro vecino español debería ser previsiblemente nuestro socio comercial preferente. También se podría optar por el inglés (o el esperanto) como lengua oficial y dejar la otras como admitidas. En fin. La cosa necesita un estudio en profundidad. La lengua (y su certificación) puede ser un filtro que discrimine a los catalanes a la hora de optar a ciertos empleos o funciones por lo que debe ser exquisitamente tratada.

Más allá de las cuestiones de territorio y de lengua el derecho a decidir incide en la propia democracia pues parece adentrarse en algún tipo de democracia directa (veremos que la soberanía del pueblo capaz de dar mandatos directos al Parlament -defendida en el Procés- ahonda en esta cuestión). No tendría sentido que se tenga derecho a decidir sobre el territorio y la lengua y no se pueda decidir sobre el tipo de democracia que regirá en la República. En la actualidad no hay ninguna institución de democracia directa en España. El referéndum es consultivo y en absoluto decisorio (el gobierno puede acatarlo o no) y además necesita 500.000 firmas para iniciarse, no existen iniciativas legislativas populares vinculantes, ni contacto alguno entre los ciudadanos y sus representantes electos, etc. En resumen la única participación que la Constitución española permite a los ciudadanos es el voto (absolutamente mediado como veremos), no existe ningún tipo de autogobierno (excepto la autonomía universitaria), ni asociación que pueda hablar con el gobierno con posibilidades de incidir sobre él. La soberanía reside nominalmente en el pueblo pero en la práctica solo se formaliza a través de las instituciones y los representantes electos. Baste aquí esta indicación aunque volveremos sobre este asunto en próximas entregas (la soberanía). La cuestión principal que se suscita es democracia directa o democracia representativa.

La cuestión es que el derecho a decidir puede ser infinito, sobre todo y en cualquier momento, por lo que requerirá de cierta regulación. Por ejemplo se podrían recusar ministros o presidentes, destituir funcionarios, impugnar tratados internacionales, etc. Las iniciativas ejecutivas y legislativas populares pueden tener un amplio espectro aunque lógicamente deberán tener límites que sobre todo afectarán a las decisiones ejecutivas. Pero por regulado que esté el derecho a decidir no puede estar tan encorsetado que se parezca al español. El derecho a decidir ha sido bandera de la nueva República y debe, por tanto, ser tratado como lo que significa: un hecho diferencial en la libertada de los ciudadanos catalanes. En la próxima entrega nos centraremos en la soberanía.

El desgarrado. Noviembre 2019.