La Constitución española parece estudiada para favorecer la corrupción política. No podemos olvidar que la Constitución la redactaron los políticos y que “el que parte y reparte, se lleva la mejor parte”. La corrupción se estructura en tres niveles: la corrupción delictiva, las corruptelas, y la responsabilidad por la mala gestión. Respecto a la gran corrupción (recalificaciones urbanísticas, concesiones administrativas, expolio de fondos públicos, dinero negro, financiación ilegal de partidos y dopaje electoral, gestión de empresas públicas, etc.) la Constitución establece penas bajas,  dificultad de ejecución y plazos cortos de decaimiento. Respecto a las corruptelas (sueldos, complementos, dietas, coches oficiales, incompatibilidades, préstamos, bestretas, pensiones, economatos, tarjetas black, etc.) la tónica es manga ancha y opacidad extrema. Respecto a la responsabilidad, la palabra es inexistente. Ni siquiera se articula la manera de que devuelvan lo robado. A nivel judicial durante el mandato de Rajoy se aprobó la reforma de la ley de procesamiento en la que se articuló el decaimiento de las causas que se alarguen demasiado (precisamente las de corrupción). El aforo, la amnistía y el indulto completan el panorama.

Lo llamativo de la actuación del procés en este tema es que la corrupción, las corruptelas y la responsabilidad no existen en Catalunya. Catalunya -tras el escándalo de los Pujol- no ha tenido ningún caso. El caso del 3%, el caso Palau, la corrupción judicial de Estivill, y los innumerables casos anexos han desaparecido en cuanto empezó el procés y es más, cada vez que un caso de estos apunta, como la financiación ilegal del propio procés, es tildado inmediatamente de turbio manejo de los españoles (¡esos sí que son corruptos!) con el fin de perjudicar a Catalunya. Total que la corrupción en Catalunya no existe. Así las cosas si tenemos que prever lo que la Constitución catalana establecerá contra la corrupción debemos decir que no habrá nada. Cero. Ni palabra. La corrupción es algo que en Catalunya no existe y que tampoco se la espera. Bien pudiera suceder que en este apartado se copie la Constitución española puesto que no hay nada que temer.

Ante semejante proceder uno empieza a sospechar que el procés ha sido una gigantesca operación de blanqueo de conductas políticas. Si por un lado el caso Pujol ha sido una vergüenza descomunal para muchos catalanes, eso no justificaría que Convergencia (el partido de Pujol) haya cambiado de nombre seis veces desde entonces. Es lo más parecido a la técnica de empresas interpuestas que utilizan los defraudadores y los delincuentes para borrar su rastro. Como la cabra tira al monte (es decir que ningún político se resiste a robar) durante el procés se ha procedido a situar a muchos representantes de la sociedad civil en puestos políticos mientras muchos políticos se han retirado de la política activa, lo que facilita “arreglar” situaciones que pudieran ser “delicadas”. Total: la mitad de los condenados por el juicio del procés son civiles, y sin embargo, políticos ligados hasta las orejas al mismo, están en la calle y seguramente blanqueados.

Evidentemente no se podrá probar nunca nada, pero si nos limitáramos a los indicios bien podríamos colegir que los políticos catalanes pospujolistas han tenido mucha suerte con el procés. Una cortina de humo (y nunca mejor dicho), tiempo fuera del foco para arreglar asuntillos, otros asuntos de los que hablar. Y es que los políticos catalanes no solo son honrados donde los haya, sino que además tienen mucha suerte. No me extrañaría que hasta les tocara la lotería como a aquel político valenciano. De hecho creo que les ha tocado. Pero volvamos a lo que nos ocupaba. La Constitución catalana no tomará medidas contra la corrupción porque en Catalunya no hay corruptos. ¡Alabado sea dios!

El desgarrado. Noviembre 2019.