La indistinción entre lo jurídico y lo político en el panorama político español es una constante histórica democrática. Pero no siempre obedece a las mismas causas próximas, aunque sí a las mismas causas remotas: la utilización de todas las armas (incluso inadecuadas) para destrozar al enemigo. Se trata de buscar “razones” muchas veces ajenas para hacer bailar el suelo bajo los pies del enemigo y así obtener una ventaja electoral por intoxicación de la opinión del electorado. El último capítulo de este sainete ha sido el baile de espías que nos sacude. La cuestión fundamental, mas allá de quien lo ordena, quien lo sabe, quien lo autoriza y quien lo filtra es el famoso matiz de: la “seguridad nacional”. Espiar a partidos o agentes políticos por el mero hecho de serlo (incluso independentistas, exterroristas, etc.) solo puede hacerse en cuanto son un peligro para la seguridad nacional y no por el simple hecho de participar en el enfrentamiento político.

Cuando políticos europeos fueron espiados por USA y denunciado por Assange, Snowden, Martin, etc. lo hicieron porque, éstos,  consideraron que el Estado se estaba pasando de sus atribuciones y por tanto conculcando los principios de la democracia. Sin embargo los Estados los persiguieron por alta traición utilizando incluso el juego sucio (como acusarlos de violación sexual). La cuestión era la citada: ¿Es Merkel un peligro para la seguridad nacional de USA? evidentemente no. Era un abuso de poder denunciable y justiciable, pero esa cuestión no quiso ser admitida por los Estados que lo practicaban que convirtieron lo político en Jurídico. En aquel momento se estableció un nuevo protocolo tácito según el cual la decisión de qué es lo que afecta a la seguridad nacional es cometido de los espías. Y eso ha hecho el CNI al decidir espiar a los independentistas españoles como “enemigos de la patria”. Argumento no solo utilizado por la oposición (PP, VOX, C’s) sino también por la propia ministra de defensa del PSOE: Margarita Robles. Juristas de prestigio como Pajín, Bosch, Royo lo han denunciado así, aunque -en la polarización que vive nuestra sociedad- la facción de jueces conservadores se les han opuesto. ¡Ni siquiera lo jurídico tiene consenso!

El problema de la responsabilidad de los políticos por sus actos tampoco es pacífico. La discusión entre responsabilidad política y jurídica es continua. Y sin embargo la Constitución se encargó de minimizar la responsabilidad de los políticos al mínimo democrático. El caso del emérito es la punta del iceberg. Los políticos han decidido que su i-responsabilidad es en cualquier caso (incluso al margen de su cometido institucional) y en cualquier momento (incluso más allá del ejercicio temporal de su cargo). Las estratagemas de los políticos para evadir su responsabilidad jurídica son variadas: legislativas (las leyes sin determinaciones de ejecución), procedimentales (la caducidad de las causas demasiado largas), las tasas judiciales (como medida disuasoria), el control del gobierno de los jueces (CSPJ, TC, TS), la determinación política del reparto de causas, de jurisdicciones y de jueces y magistrados. Y por si no fuera suficiente las medidas de gracia completan el panorama: aforamiento, indulto y amnistía. Los políticos han establecido que su responsabilidad sea mínima o nula. Y aún así las condenas son múltiples… lo que da una medida del nivel de corrupción que nos aflige. Por supuesto la responsabilidad política (rectificar, pedir perdón, dimitir, retirarse de la política), es decir, en los casos en que no hay delitos, es inexistente. Solo se va aquel al que destituyen… aunque lo vistan de sustitución, relevo, y lo acompañen de reconocimientos y agradecimientos.

Todavía para muchos juristas la sentencia contra los independentistas es discutible. ¿Se puede dar un golpe de estado incruento? La ley no lo contempla. Así visto la declaración unilateral de independencia no acompañada de ningún acto de aplicación solo puede ser un acto administrativo o político y de ninguna manera penal. En una palabra: la aspiración, e incluso la declaración unilateral pacífica de independencia es un acto político y no jurídico pues no tiene consecuencias jurídicas sino políticas. Y no solo se les metió en la cárcel sino, que una vez cumplida su pena (y redimida su culpa) se les sigue tachando de delincuentes, rompe-españas, anticonstitucionalistas e ilegítimos. Una muestra más de esta manera de confundir lo jurídico con lo político de forma torticera. Se trata de intoxicar la opinión electoral para sacar una ventaja ilegítima en las urnas. Tan ilegítima como acudir a las elecciones dopado como tantas veces ha hecho el PP.

La práctica de judicializar lo político es habitual del PP y omnipresente en VOX… aunque no es inexistente en ningún partido político. Cada vez que una medida política no les conviene le dan forma jurídica y la presentan ante los jueces. Cualquier cosa, por nimia que sea, es presentada ante el amparo de los jueces. La opinión pública queda intoxicada al no poder calibrar donde termina lo político y donde empieza lo jurídico y lo simplifica pensando que si hay una denuncia judicial es que hay un delito. Se trata -como ya se ha dicho- de que para el político profesional perder las elecciones (la poltrona) es quedarse en el paro y a pesar de que existen múltiples argucias para pasar eses periodo de interregno en puestos como las autonomías, las diputaciones, la política gremial o comarcal, puestos de expertos, asesores o colaboradores no electos, chiringuitos, etc. las elecciones y la poltrona se convierten en el principal (¿único?) cometido de los políticos. La democracia es para los políticos una manera de ganarse la vida incluso si no recurren a la corrupción, a las corruptelas, a las prebendas y al delito en general. ¡País!

El desgarrado. Mayo 2022.