» 01-10-2026

La 15-7 legislatura. La vivienda

Llevamos una semana de trifulca con el desahucio de Mari Carmen y -como siempre- la desinformación es absoluta. Sabemos que la desinformación es una táctica de gobierno mediante la cual se procura la inercia (fidelidad del electorado) dado que es imposible saber quien miente y quien no (si es el caso). Los primeros en intoxicar son los medios de comunicación, unos por alineados con sus amos políticos y otros  por causa de la competencia que les obliga a teñir las noticias de humanidad para que calen en el corazón de la audiencia. Ya se sabe que las noticias deben ser insólitas, humanas, y épicas, y como no lo son de origen, pues... hay que maquillarlas. Me limitaré a unas pinceladas sobre los brochazos más zafios dados por los agentes de lo polítco-social-informativo.

Estamos en un Estado de derecho, es decir regido por unas leyes que empiezan en la Constitución y se van especificando con la diversa jerarquía de tipos que discurre desde la ley orgánica al reglamento... por no descender a artefactos menores. La ética se le supone por lo que mezclar lo ético y lo legal no hace justicia al estado de derecho. Nuestra Constitución propone un Estado liberal/socialista en el que el sistema capitalista liberal se matiza con una intervención del Estado en pro de la igualdad. Una economía liberal (en la que el Estado sobra) ¡Es el mercado, amigo! y una economía socialista, en la que sobra la propiedad privada blindada. El estado del bienestar depende para los liberales, de su propio esfuerzo y es objeto de tutela -por parte del Estado- para los socialistas. Estas dos facciones quedaban representadas por el PP y el PSOE en un bipartidismo que se turna en el gobierno de España, en la actualidad formando dos bloques. La desbandada del PP hacia la ultraderecha se compensa con el desplazamiento del PSOE al centro-derecha, en un deslizamiento hacia la derecha de todo el arco. En puridad no cabe invocar a una u otra facción como reglamentaria, porque las dos han de convivir. Los fondos buitres existen porque estamos en un Estado liberal y las leyes de vivienda garantistas de los mandatos de la Constitución, porque estamos en un Estado socialista. Cada uno puede pensar lo que quiera pero el Estado es ni fú ni fá. Evidentemente la caridad es otra cosa (ONG, Cáritas, Cruz roja...) que "pueden" complementar la humanidad del Estado pero que son voluntarias e independientes (salvo subvenciones). 

En un Estado de derecho no se puede culpar a un fondo buitre que cumpla con la ley. No tiene porque llegar más allá. Otra cosa es la ley que debería haber atajado determinadas actuaciones que -como el desahucio de Mari Carmen- claman al cielo ético y humanista. Pero para los medios, es mucho más efectiva la lucha de una pobre anciana contra un todopoderoso y cruel fondo, y para los políticos es preferible la situación en que se echa la culpa a quien no la tiene, exonerando así el sacrosanto culo de los políticos, que deberían -hace ya tiempo- haber legislado para que se cumpla la Constitución. Que el fondo no tiene ética es evidente pero ¿le era exigible? Todo esto no hubiera pasado si en la última crisis del ladrillo no se hubiera legislado para permitir que los fondos buitres se hicieran -a precio de saldo- con los activos inmobiliarios de incierto futuro. Ni si no se hubiera permitido liquidar el parque de viviendas de VPO (113 en el caso de la alcaldesa de Madrid: Ana Botella) puestos en manos de los buitres a cambio de jugosas comisiones. Hemos pasado de tener el parque de viviendas en propiedad más importante de los inquilinos de Europa, a que nadie pueda acceder ni a la compra ni al alquiler. ¡No deberían darnos una explicación. Franco había resuelto el tema de la vivienda topando los alquileres y cargando sobre los propietarios la "subvención" de los alquileres. Con la democracia hubo que arreglar aquella injusticia -lo que correspondió a aquel ministro socialista : Boyer-. A partir de ahí se abrió la veda y se permitió a los propietarios controlar los alquileres (siguiendo la ley del péndulo). Era como invitar a los buitres al festín, y así lo hicieron en tropel, desde cualquier punto del mundo. La inmensa mayoría de propietarios de pisos en alquiler son pequeños propietarios. Cuando se legisla se legisla contra ellos y no contra los fondos buitres que disponen de los medios legales suficientes como para hacer frente a cualquier eventualidad legal. 

¿Por qué no se construyen más viviendas y más oportunamente? ¡Es el mercado amigo! Esa mano invisible que según los liberales equilibra la oferta y la demanda. La realidad es otra: o se construyen demasiadas o demasiado pocas. El capital entra en el negocio cuando éste es suculento, el marco legal es adecuado y se pueden obtener beneficios atípicos como subvenciones, ayudas o exenciones fiscales. La VPO fue durante años un mecanismo de reactivación de la economía en tiempos de crisis. La demanda bajaba pero no la necesidad de viviendas que se ponía en el mercado a precio tasado y con la financiación del Estado... aplicando la doctrina Keynes-. Aznar -liberal él- entendió que había que incentivar la construcción liberalizando el mercado del suelo y declaró que todo el territorio, que no era urbano o rústico... era urbanizable. Toda España -salvo algunos casos- era construíble. Quitó incluso la aquiescencia del propietario de los terrenos, sin la que fue posible urbanizar. El campo se llenó de proyectos descabellados, descomunicados e inadecuados. Hasta que llegó la crisis de la desregulación en 2008. No era una crisis de la vivienda pero -descubierta la estupidez de los bancos y de los reguladores que habían empaquetado fondos tóxicos (incobrables) en paquetes opacos- se produjeron crisis en cadena, entre ellas la de la vivienda. Miles de viviendas se quedaron sin acabar al desaparecer la venta sobre papel, pues la vivienda se construía -prácticamente - con la sola financiación de los bancos. A ese parque de viviendas se añadió el de las desahuciadas por los bancos. De hecho la crisis de la desregulación (suprimir a los bancos la obligación de tener fondos de reserva (apalancados) por si la crisis) fue una crisis de las hipotecas tóxicas. Y la solución para deshacerse de aquel parque inusitado de viviendas sin comprador fue legislar la entrada de los fondos de inversión inmobiliaria extranjeros, los fondos buitres que se quedaron lo mejor a precios reventados.

Construir viviendas -incentivadas por el Estado- solo es parte de la solución pues si se permite -como se permitió entonces- que los fondos compren vivienda protegida, o incluso simplemente especialmente rentable, toda la nueva vivienda acabará en sus manos. Es preciso legislar el acceso al mercado de los fondos de inversión. No es posible prohibir la especulación en un estado capitalista. Pero si es posible (como ocurre con la propiedad y su función social) proteger a los usuarios de derechos básicos declarados constitucionalmente, en este caso: la vivienda. Todos los caminos conducen al Estado, al gobierno: incentivar la construcción, promover la VPO, financiar, regular el acceso a los fondos buitre, regular el mercado del suelo, acabar con la corrupción urbanística, cumplir con la Constitución, proteger a los desfavorecidos. El problema de la turistización del mercado de alquiler no es nuevo, aunque nunca había sido tan importante. Nuestras ciudades se convierten en parques temáticos que no sirven para vivir y de la que se expulsa a los autóctonos. No tiene sentido equilibrar la balanza macroeconómica con el turismo cuando es a costa de desequilibrar el tejido social. El eterno transvase de capital de las clases bajas a las altas, de la desigualdad, de la gentrificación, de la dominación, al fin. Y todo, absolutamente todo, es culpa de los políticos por vendidos, por corruptos o por imbéciles. No es un problema de ética (el bien y el mal), ni de épica (David contra Goliat), ni de caridad. Un Estado justo no necesita la caridad para equilibrar desigualdades económicas, como no necesita el indulto para corregir los errores judiciales. Simplemente: es un problema de justicia. Del cumplimiento del Estado de Derecho por parte de unos gestores políticos cuya bondad deriva de sus actos y no de sus promesas.

El desgarrado. Octubre 2026 




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