La vida es impredecible y la pandemia lo ha demostrado enseñando el culo de la política. Por más que los conservadores (también autoproclamados liberales) insistan en que la Constitución no necesita remiendos, la realidad es que la pandemia ha desvelado que la España de las autonomías hace aguas por todas partes. Me explicaré. La primera evidencia que hay que considerar es que un político es una máquina de salvar su culo (además de buscarle el mejor alojamiento). Ello le emplaza a encontrar algún chivo expiatorio que cargue con sus culpas. El estado de las autonomías nos propone dos gobiernos ¡no jerárquicos! en el que las competencias son mayoritariamente de las autonomías, excepto en las cuestiones que son de interés nacional, general… y poco más. No estamos en un gobierno federal (como USA o CH) en que la jerarquía se produce y las competencias del gobierno central están perfectamente delimitadas. Esta situación se planteó en toda su crudeza cuando las autonomías recurrieron al Constitucional la Ley del Suelo del 92. El alto tribunal diezmó la ley dando la razón a las autonomías en sus competencias (que resultaron muchas). La cuestión es que el gobierno central solo puede legislar en los temas de interés general o nacional con una estrecha delimitación de sus competencias (defensa, derechos individuales, interés general). El resultado es que cada autonomía tiene su ley del suelo, lo que desde el punto de vista de la igualdad deja mucho que desear, pero así es la Constitución y a ello nos tenemos que atener. O cambiarla.

En su pulsión de salvar el culo, cualquier gobierno autonómico pretende que las medidas impopulares (el confinamiento, la restricción de la economía, el suministro de las vacunas, el estado de alarma, la restricción de libertades individuales…) las tome el gobierno central, que la autonomía ya se encargará de las medidas populares (la libertad, la tolerancia con las actitudes anárquicas, la defensa de la hostelería y de la economía en general, la defensa de las libertades individuales… Pero no es eso lo que dice la Constitución. La Constitución equipara jurídicamente los estatutos de Autonomía con las leyes estatales (pues no son jerárquicas) por lo que las competencias transferidas son de la competencia exclusiva de las autonomías. Por ejemplo la sanidad. El gobierno central, ante una situación que no había previsto la Constitución, adoptó el Estado de Alarma, pero VOX decidió que aquello era excederse en sus competencias y lo llevó al Constitucional. Y el Constitucional sentenció a favor de VOX, es decir, el Gobierno central no era competente para imponer el Estado de Alarma.  Pero por encima del Estado de Alarma solo existe el Estado de excepción (de Sitio), entre cuyos supuestos no está el de una pandemia pavorosa y supone un recorte de libertades brutal. En pocas palabras: el Gobierno central no podía tomar ninguna medida eficaz contra la pandemia que no pudieran tomar las propias autonomías. La coartada se había desbaratado.

Pero las autonomías -aterrorizadas ante su propia responsabilidad… que tanto habían exigido- decidieron intoxicar a los ciudadanos dando a entender que el gobierno central no sabía gestionar la lucha contra la pandemia. Madrid se convirtió (en un ejercicio de deslealtad constitucional sin precedentes) en el adalid del ataque al gobierno -sin razones objetivas- pero tratando de minar su credibilidad por motivos evidentemente partidistas. Prácticamente una cruzada. Madrid se convirtió en España dentro de España (esto no lo contempla la Constitución que afirma que España es la suma de las autonomías) pero se quería dar a entender que Madrid defendía a sus nacionales en lo que el gobierno central los había abandonado. Y digo nacionales porque -de hecho- lo que Diaz plantea es un nacionalismo no independentista. Madrid dejaba de ser la autonomía de todos los españoles para convertirse en un nacionalismo más, tan nacionalista como los vascos y los catalanes… aunque sin ser independentistas. En una palabra: imperialistas. La jerarquización que la Constitución no concede a la relación entre el gobierno central y las autonomías es, precisamente, lo que pretende Madrid.

Las medidas tomadas por Madrid contra la pandemia en presunta respuesta a la inanición y los errores del Gobierno Central, han resultado ser caóticas, innecesarias, contradictorias y -muchas veces- estúpidas. Madrid viene de una larga práctica de privatización y adelgazamiento de la sanidad. Su gasto en este campo es el menor de España. La asistencia primaria es altamente insuficiente y los hospitales que Aguirre sembró han sido privatizados, que es como decir, vampirizados por el capital privado. Diaz inaugura un nuevo hospital (Zendal) contra la pandemia, sin contratar a un solo nuevo sanitario (que detrajo de los otros centros sanitarios), sin quirófanos, mal comunicado y con un despliegue de autobombo sin precedentes. Pero su gran actuación es haber negado a las residencias de mayores la asistencia sanitaria hospitalaria, lo que condujo a que 20.000 murieran. Todo por no gastar en asistencia lo que era estrictamente necesario. A cambio, ofreció a los ciudadanos libertad (de ir a los bares), a los empresarios la posibilidad de no cumplir con las más elementales normas de prevención, a los sanitarios la esclavitud (y poisteriormente la culpa), y a los madrileños en general, toda clase de mentiras, tapujos e intoxicaciones a mayor gloria de su partido y de su conservadurismo exacerbado. En plena pandemia convocó elecciones siguiendo lo que indicaban las encuestas y no lo que pedía el sentido común, con tal de absolutizar su poder.

La gran solución para “ayudar” al Gobierno Central a gestionar la pandemia (aparte de retirarle su apoyo parlamentario para la prolongación del Estado de Alarma) fue exigir una ley de pandemias. Se trataba -evidentemente- de aprovechar el trámite parlamentario y la debilidad del Gobierno para recortar las libertades individuales como se hizo en aquella vergonzosa “Ley de seguridad ciudadana” (vulgo: ley mordaza) en la que -entre otras lindezas- se sustrajo a los ciudadanos la tutela judicial, cambiando los delitos en faltas administrativas penadas con multas monstruosas, y otorgando a la policía la presunción absoluta de veracidad frente al ciudadano. Y sobre todo legislando en caliente, que es como se consiguió aprobar la prisión permanente revisable que esquivaba la Constitución instaurando la cadena perpetua. Si  bien los supuestos de la pandemia se escapan de lo que la Constitución prevé, lo que implica una modificación de ésta para adecuarla, los conservadores no quieren ni oír hablar de abrir este melón que podría dar paso a que se revisara aquella infame ley de punto final con la que se zanjó la dictadura. Prometer libertad mientras se recortan las libertades individuales. La bola cae siempre del mismo lado.

Todo esto es consecuencia de la pandemia pero no de forma natural sino instado por los intereses partidistas y estratégicos de los conservadores. Para éstos, la pandemia es la circunstancia que puede debilitar al gobierno de coalición permitiendo que recuperen el poder que les arrebataron “ilegítimamente”. Hoy se ha anunciado la aprobación de la reforma de la ley laboral que por primera vez en décadas restituye algo de sus derechos a los trabajadores. El PP ya ha anunciado que la boicoteará. La patronal ha declarado que no se moverá ni un ápice de lo que ha acordado con los sindicatos y el Gobierno. Por algo son conservadores: por ese “no nos moverán” Las consignas de la izquierda siempre han causado la envidia de la (ultra)derecha. La imaginación no es lo suyo. ¡Para qué, pudiendo practicar la dominación!

El desgarrado. Diciembre 2021.