La derecha es muy dada a juzgar y condenar con juicios de apariencia política -pero que en realidad esconden consecuencias jurídico-electoralistas- diversas manifestaciones de la escena política. Evidentemente se trata de misiles electoralistas cuyo único fin es conseguir una ventaja política es las urnas mediante la intoxicación del electorado. La izquierda no está exenta de este tipo de maniobras pero no alcanza la perfección y eficacia de la derecha. Probablemente se debe al déficit de ideología (no lo olvidemos: el cemento que  unifica distintas sensibilidades y por tanto, construye mayorías) que siempre ha sufrido. El liberalismo llega escasamente más lejos del “laissez faire, laissez passer” o de la des-regularización, el resto de sus determinaciones son tomadas en préstamo de la izquierda desde la política social hasta la sanitaria, u otras, siempre aplicando la misma estratagema: ampliando el campo de batalla de modo que a los desfavorecidos se les equipare con los dominadores. Así junto a las mujeres se pone a los hombres, en la violencia doméstica; junto a los obreros los patronos, en la legislación laboral; junto a los poderosos los obreros en la política fiscal; junto a las ayudas las subvenciones, en la política económica; etc.

Veamos algunos ejemplos. Se juzga y condena (unilateralmente) a los herederos de ETA (especialmente BILDU) por considerarse que son terroristas. O los herederos de los secesionistas catalanes por delitos ya juzgados y condenados por los tribunales. De poco vale que el Supremo y el Constitucional consideren legítimos esos partidos, o que sean delitos juzgados y condenados (negando la redención del delito por la pena). Se impide que esos mismos partidos puedan participar (como constitucionalmente así se determina) en la Comisión de Secretos oficiales porque se les “considera” ilegítimos desde la derecha. Se delegitima a la ultra-izquierda por ser “radicales” y -como los anteriores- peligrosos para la democracia española cuando no directamente culpables. Se conculca así la presunción de inocencia judicial, se intoxica la opinión pública, se desprecia al poder judicial (al que se ningunea) y en definitiva se obtiene una ventaja electoral. Pero no es todo.

En los casos de corrupción -en los que la derecha son especialistas- se recurre siempre al expediente de que son casos individuales ajenos al conjunto de los partidos e ignorados por sus dirigentes. No es lo que ha dicho la judicatura en sentencias reiteradas que ha condenado -por tres veces- al PP como partido responsable de los crímenes cometidos por sus afiliados. La corrupción siempre es robar (caudales o derechos) pero en algunos casos es también delito electoral como cuando se financian los partidos con dinero ilegal: el dopaje electoral que interfiere en la voluntad popular. La financiación ilegal de partidos siempre repercute en un déficit democrático. Pero, además, la obtención de esa financiación (por dinero negro, por concesiones ilegales, por pitufeo, por evasión fiscal, etc.) ya es originalmente ilegal.

Pero ese sistema de juicio y condena unilateral e ilegal de situaciones constitucionales llega a su cima en el caso de la renovación de los cargos institucionales proporcionales a los resultados electorales: CSPJ, Tribunal de cuentas, Comisión de secretos, y así hasta seis instituciones “democráticas”. Las excusas para negarse a soltar el poder ya caducado son variadas, pero todas anticonstitucionales. La derecha nos quiere hacer creer que esto no es equiparable a las actuaciones de los separatistas catalanes o la filiación de los partidos independentistas vascos. No es así. Todo lo anticonstitucional es anticonstitucional y el volumen de la pena no exime de la calificación de delito. Además de que arrogarse la facultad de juzgar y condenar es también anticonstitucional. La derecha se ha apoderado de los símbolos de la patria y ejerce su derecho como si España fuera suya. La izquierda no “puede” apoyarse en partidos como Bildu o ERC pero ellos sí pueden apoyarse en ellos por cuestiones electoralistas o coaligarse con la ultraderecha a cambio de vergonzosas concesiones antidemocráticas. Hasta ahora el cordón sanitario a la ultraderecha solo lo aplica la izquierda.

Ahora salta el tema del espionaje interno. Todos los estados espían a sus nacionales (y a los extranjeros). Ya lo demostraron Assange, Snowden, Martin, etc. que fueron perseguidos sin piedad por los servicio de “inteligencia” de sus países. Acusados de traidores, de abusos sexuales, de cualquier cosa con tal de deshacerse de ellos. Villarejo se puso al servicio del BBVA para facilitarle su tenebroso negocio. Ellos que eran demasiado grandes para caer también eran demasiado corruptos como para no espiar: ventajistas, desalmados, ladrones, evasores de impuestos. Vivimos rodeados de lo peor y encima tenemos que aguantar que nos digan que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades o que los jubilados trataban de especular con las preferentes y las subordinadas. ¿Hay algún chorizo más por ahí?

Los partidos políticos se cuidaron “muy mucho” de que la Constitución les diera un trato de favor. Su irresponsabilidad constitucional, legal y judicial (inviolabilidad, aforo, amnistía, indulto) es vergonzosa. La reforma de la ley de enjuiciamiento para coartar las instrucciones largas (como son las de corrupción) o la subida de las tasa para evitar denuncias, son vergonzosas como lo es que los fiscales, los jueces y los oficiales judiciales sean escogidos por los partidos. Con todo ello la independencia judicial está seriamente comprometida y sin embargo los partidos quieren más y se permiten juzgar y condenar en los medios lo que les molesta… con fines electorales. Los partidos hace años que perdieron su función de mejorar la vida de los ciudadanos: como mucho, mejoran la de algunos ciudadanos: poderes fácticos (multinacionales, bancos, energéticas, farmacéuticas), clases dirigentes (gestores políticos, financieros, económicos) amiguetes (cuñados y comisionistas) y chanchullos. ¡Vaya panorama!

El desgarrado. Mayo 2022.