| » 2017-05-26 |
La 13-25 legislatura. El estado generalizado de corrupción. Nombramiento de jueces tapón.
El gobierno, en una patada defensiva de sus corruptos, nombra a Espejel como presidenta de la sala de lo penal de la Audiencia y a López como tercer magistrado de la sala única de apelaciones en la que ya figuraban un juez progresista (Eloy Velasco) y otro conservador. Se asegura de este modo el control de dos salas claves para el desarrollo de la justicia en nuestro país pues ambos magistrados son los que han sido repetidamente recusados por sus compañeros en diversas causas (Gürtel, etc) por su profunda afinidad con el PP (La querida Concha de Doña finiquito). El juez progresista que ya estaba destinado a la sala única de apelaciones no es otro que el instructor del caso Lezo del expolio del Canal de Isabel II y que de esta manera el gobierno se lo saca de en medio (con un ascenso) de una causa especialmente dramática para su partido. Si a esto añadimos los nombramientos recientes de Maza como fiscal general y Moix como fiscal especial anticorrupción (ambos anhelados por los implicados en el caso Lezo), redondeamos la intervención más vergonzosa, fraudulenta, prevaricadora, zafia, antidemocrática, alegal, de un gobierno en la conculcación de la separación de poderes y de la autonomía de las instituciones presuntamente democráticas.
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