Todos lo conocemos -y no solo en España- porque es omnipresente. Su simpatía y sus pésimos chistes no empañan una labor por la divulgación de la comida sencilla y sabrosa. Tampoco es desdeñable su labor en favor de ciertos deportes y seguramente múltiples otras actividades que no se traslucen en sus programas. A ello añade un perfil crítico con los políticos que era habitual en los ciudadanos vascos hasta que los políticos vascos, los que defendían “lo nuestro” cambiaron la tendencia. Pero ese perfil de ciudadano ejemplar se ve empañado, a mi modo de ver, por ese anuncio de rico, rico que hace para una empresa de sopicaldos. ¿Cómo se compagina la defensa de la comida natural, tradicional, sencilla, con el uso de glutamato sódico, no solo umami (artificialmente sabroso) sino además con alto contenido en sal?

El sentido común no tiene sentido en un estado de derecho… positivo. Si todo está reglamentado no hace falta ninguna cláusula de cierre que solucione la casuística no contemplada por la ley, el reglamento, la costumbre o la jurisprudencia. Es más. El derecho positivo ha prácticamente suprimido la costumbre y sin embargo, son los propios políticos los que echan mano del sentido común… cuando no tienen a mano ley, jurisprudencia o reglamento que les ampare. El sentido común (sin amparo en las formas de interpretación de las leyes que enumera el CC) pareciera referirse a una especie de sabiduría popular o derecho natural ampliamente admitido. Nada de eso ocurre. Ni es de recibo el derecho natural ni la sabiduría popular ha existido nunca. Y por supuesto en un estado de crispación perpetuo lo de “ampliamente admitido” es imposible. Resumiendo cuando un político dice que algo es de sentido común está diciendo que no tiene otro argumento ni legal, ni doctrinal (la interpretación de las leyes “en sus propios términos” permite recurrir al diccionario, es decir a los conceptos) para oponerse a su contrario.

Parece que lo que une coranavirus y economía es la alternativa: morir de virus o morir de hambre. Los expertos ya se han pronunciado en el sentido que sin salud no hay posible economía y que la disyuntiva es artificial. Pero no es ese debate el que me interesa promover aquí (en definitiva cómo la salud mata la economía) sino precisamente el inverso: ¿es el coranavirus un producto de nuestra economía? Si simplemente fuera mirar hacia atrás quizás no tendría demasiado sentido, pero es que saber el pasado, evita tener que repetirlo. Si ha sido una determinada economía la que ha causado esta bonanza del virus es evidente que hay que corregirla para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. En una palabra hay que estudiar la causalidad en el sentido de cómo la economía ha determinado el déficit de salud que supone el virus. Y por supuesto dado que la economía depende de decisiones políticas, el debate inverso: ¿como el virus incide en la economía? es mucho más interesante para ellos, pues coloca la culpa en el virus y no en la política.

Acerca de las piruetas que hacen los políticos para salvar el culo he hablado largo y tendido. Las leyes (que aprueban ellos) ya se encargan en primera instancia de disolver su responsabilidad. La ley de seguridad ciudadana (mordaza) no va con ellos. Es habitual que cuando una ley hable de su incumplimiento, en el caso de que ese incumplimiento sea de un político, omite taimadamente la pena, o el momento de su aplicación, o ambas. La reforma de la Ley de procedimiento administrativo previó la limitación de la fase de instrucción precisamente para los delitos habituales de los políticos: los de corrupción y precisamente los de instrucción más larga debido a su complejidad. El lamentable espectáculo de los políticos que no se enteran de las irregularidades que se producen bajo sus narices se ha convertido ya en un clásico en flagrante infracción de la jerarquía (¿Pero quién es M. Rajoy?).

Es indiscutible que la Diaz adora a Trump. No es la primera vez que lo emula en sus afirmaciones y en sus actitudes. Hoy mientras anunciaba que el Hospital de Valdebebas se unirá a la defensa contra el coranavirus sin perder ni un ápice de su capacidad de respuesta en la asistencia primaria (es decir: la multiplicación milagrosa de los médicos y los sanitarios), ante la insistencia de la periodista frente al fenómeno paranormal que suponía su afirmación, espetó a la reportera: ¡Esas preguntas no se hacen! Es una afirmación que hemos oído muchas veces a Trump en su campaña de desprestigiar a los periodistas. Le falto añadir: ¡usted es muy malo, muy mal periodista. Otra pregunta!

Un grupo de expertos pidió a los políticos que se hiciera una auditoría de las medidas, errores y aciertos cometidos durante la crisis coranavírica para aprender de los errores y no repetirlos. Los políticos -siempre empeñados en salvar el culo (lo que exige la i-responsabilidad) y conservarlo muñidamente resguardado en su poltrona (lo que implica no perder ni un voto mientras los opositores pierden todos los posibles), dieron la callada por respuesta. Así las cosas el análisis que se niegan a hacer los políticos lo haré desde esta tribuna. Distingo entre las medidas previas (causantes en gran medida de que el virus se enseñoreara del mundo), medidas de acción inmediata, y medidas de futuro. Repetiré aquí denuncias que ya se realizaron en su día sin que los políticos se hicieran eco alguno. ¡Empezamos!

¡Aleluya! Las comunidades autónomas, ocho meses después, comprenden que la solución para el coranavirus es un marco legal nacional con una dirección local. Durante la primera actuación gubernamental el problema para las comunidades no fue otro que su autonomía. No entendieron que era más importante el fondo que la forma. Evidentemente la oposición se opuso radicalmente y consiguió que fuera imposible la dirección nacional. El gobierno tiró la toalla y dejó que cada autonomía dirigiera su empresa. Hoy son las autonomías las que tiran la toalla, a su vez, y exigen esa dirección nacional que reprobaron hace unos meses. ¿Falta de entendimiento? Es probable, pero cuando lo que está en juego son vidas deberían ser más cuidadosos. Durante meses el juego político consistió en echar la culpa al otro (el juego nacional de los partidos). Hoy,ocho comunidades piden el estado de alarma. Se ha acabado el juego: o jugamos todos o rompemos la baraja.

Que no se podía ganar era evidente, la aritmética parlamentaria es inapelable. Por tanto, lo que pretendía Abascal era otra cosa: desestabilizar España y al PP. Quizás presentarse como un estadista. ¿Lo ha conseguido?: NO. No ha sumado ni un solo voto que no fuera suyo. El PP lo ha defenestrado explícitamente (otra cosa es lo que haga en sus varias asociaciones) y la coalición del gobierno lo ha ninguneado. Respecto a su posición de estadística parece que queda lejos. Quizás su posición de estilista está más cerca. Era difícil hacerlo peor. Dicen algunos analistas que la ultraderecha no aspira a gobernar sino a consolidarse y la visibilidad que le ha dado la moción de censura ya es una victoria. Es posible pero pienso que todos sueñan con la gloria y Abascal también, así que me instalaré en que ha sido un fracaso.

Vuelve el Quijote Sorkin con una nueva obra épica en la que trata de devolvernos la fe en las instituciones políticas y en el género humano rememorando el juicio vergonzoso que en el mítico 1968 se produjo en Chicago contra 7 + 1 activistas contra la guerra del Vietnam justo en el relevo de Johnson por Nixon y con el consiguiente giro a la derecha que conlleva todo de Demócratas por Republicanos. Sabemos como acabó aquella administración Nixon (el Watergate) que hizo gala de todo tipo de marrullerías, trampas y delitos de los que no escapa, en este caso, la negación de abogado para el black panther, el asesinato de Hampton, la manipulación del juicio por el juez, el manejo de la policía como policía política, el amaño del jurado (en su composición y en su presencia), etc.

Los bancos son poderes fácticos, es decir, poderes que operan al margen de la democracia y de la jerarquía institucional de poderes. No figuran como poder pero se alimentan de múltiples leyes que les permite considerarse instituciones de servicio público o de interés social. Pero sobre todo se alimentan del contubernio que establecieron Thatcher y Reagan en los ochenta entre los gestores políticos y los gestores financieros, societarios y energéticos. Es el capitalismo de gestión en el que ya no es necesario ser detentador de capital para ser capitalista. Basta con ser gestor político (de leyes, concesiones, ayudas y exenciones), financiero (de capitales), societario (control de sociedades) o energéticos (electricidad, petróleo, gas y otros servicios clave). Basta con ser “colaborador”. En un escandaloso “quid pro quo” los políticos reciben dinero, puestos en los consejos de administración, puestos de trabajo en la empresa privada a través de las puertas giratorias, prebendas sociales, etc. mientras los capitalistas se benefician de leyes ad hoc, concesiones fraudulentas, exenciones fiscales, y trato de favor en general.