Como habéis podido comprobar en los blogs anteriores sobre este tema, decir que fascismo, liberalismo y socialismo son ideologías es un abuso de lenguaje. Tanto el liberalismo como el fascismo son reacciones contra el conservadurismo y la oposición entre liberalismo y socialismo, respectivamente. El socialismo es una ideología parcial en  cuanto reduce el mundo al problema del trabajo. Es debido a esta escasez de ideología que surgen las transversalidades para defender los derechos políticos de las mujeres, el colectivo LGTBI, el medio ambiente, los animales, los colonizados, etc. El esquema derecha izquierda es un esquema basado en la idea marxista de que todo puede ser explicado por el trabajo. Los partidos de clase fueron integrando las nuevas sensibilidades pero siempre supeditadas al esquema principal. En una palabra los partidos tradicionales se habían quedado escleróticos y esas nuevas sensibilidades se des-integraron de los grandes partidos para independizarse. De esos vamos a hablar. Como este tema de las transversalidades ya lo he tocado otras veces os remito a los blogs: “La 13 bis-2 Legislatura.Elecciones municipales y europeas. Un análisis transversal”. “Reflexiones tipográficas 106. La calle se mueve. Transversalidades”. “Reflexiones tipográficas  145. La fórmula de VOX: microtransversalidades sensibles”.

La constitución española se debate entre una economía de mercado liberal y una economía dirigida socialista. Una economía libre de cualquier intervención del estado y otra que tiene al Estado como órgano de la dirección de la economía. Admite pues tanto una como otra. De hecho ni siquiera en EUA la economía liberal es exclusivamente una economía de mercado puro (Stiglitz). La investigación básica es siempre cometido del Estado, la regulación del comercio internacional es también de su incumbencia  y también le compete las subvenciones, ayudas y demás regulaciones -mediante las que el liberalismo corrige el mercado, evidentemente a su favor- amén de la legislación, hoy en día ampliamente modelada por los lobbies y los grupos de presión. El estado del bienestar: prestaciones sociales, mercado laboral, educación, sanidad, dependencia -que el liberalismo quiere privatizar a cualquier precio- son también competencias de un estado que se autonomina social y democrático de derecho. Ni el socialismo ni el liberalismo se manifiestan de forma pura. Las dos tendencias (o escuelas económicas) se encuentran en el centro político, eje vertebral del bipartidismo.

El nacionalismo no es una ideología, es una topología. No podemos llamar ideología a aquello que basa sus ideas en el terreno que pisa, en el territorio. En todo caso sería una podología. El nacionalismo quiere lo mejor para sus nacionales y lo mejor es irse, salir de la dominación y el control. Todo nacionalismo es independentismo. El nacionalismo es una podología de segundo grado. El nacional solo analiza lo que da y lo que recibe y su natural es exigirle sus carencias a quien lo gobierna. Pero quien lo gobierna tiene otro plan que es echarle la culpa al estamento superior. Por ejemplo un gobierno español nacionalista le echaría la culpa a la UE y pediría que nos independizáramos de Europa. Exactamente lo que piden todos los partidos de extrema derecha europeos. Su misión es convencer al nacional que todo lo que se podía hacer se ha hecho y que para conseguir más hace falta la independencia del que te sojuzga en segunda instancia. El nacionalismo siempre es político o por lo menos asunto de políticos. La independencia es la del político nacionalista del político imperialista. El nacionalismo participa de la filosofía del “pueblo elegido” inventada por el campeón mundial del victimismo: el pueblo judío. Todo lo bueno está aquí, en este territorio. Todo lo malo está afuera. Es una filosofía xenófoba y racista que solo puede acabar en tango, como así es.

Ya hemos citado que la democracia indirecta española no deja más que una oportunidad de participación que es la rendija electoral. Además solo se votan diputados y senadores. Ningún otro cargo intermedio puede ser votado en España a no ser la administración gremial como Colegios profesionales y Cámaras de comercio. Los referéndum solo son posibles con 500.000 peticiones y no son vinculantes por lo que nadie tiene interés en instarlos. En Catalunya se tuvo cierto interés en realizar referéndum municipales sobre la catalanidad de los municipios pero parece que -una vez constatado- aquel interés se ha perdido.  Resumiendo: lo de votar en la Constitución española es escaso y de poca calidad.

Los políticos catalanes no han querido soltar prenda de cómo será la Constitución de la República excepto algunas pocas indicaciones como por ejemplo que será una república. Suponemos que será una sugerencia pues será el pueblo catalán el que deberá decidir en consulta popular si será una república. Solo faltaría que los políticos catalanes empezaran ya con un pucherazo, aunque parece razonable pensar que los catalanes no están por monarquía alguna. Pero la democracia no se basa en suposiciones. Sin embargo el Procés ya ha marcado una serie de lineas rojas que no pueden ser traspasadas y que dan una pista de cómo será esa Constitución que ha de regir la nación catalana. En esta subsección del Cat-adeu vamos a indagar sobre esas “pistas” para tratar de intuir la ley de leyes que nos espera tras la anhelada independencia. Verdad es que cuando se inicia un viaje (en este caso político) lo normal es conocer el destino. No ha sido así. Sabemos cual será el territorio, la lengua, la cultura, la historia y las tradiciones pero desconocemos en su totalidad el pacto que los ciudadanos haremos con el poder para regir nuestro futuro. En una palabra: en cuestiones políticas estamos en la inopia.

Todas las Constituciones democráticas depositan la soberanía en el pueblo. Pero una cosa es llenarse la boca de democracia y otra ejercerla cabalmente. Una vez depositada en el pueblo se mediatiza su ejercicio por las instituciones y la representación. El pueblo no puede por sí mismo ejercer la soberanía si no es a través de las instituciones del estado (la ley electoral, por ejemplo) o a través de representantes electos o nombrados por los electos. Lo primero es el estado de derecho y lo segundo la democracia representativa. Como si dijéramos el pueblo no está legitimado para ejercer la soberanía y solo puede adquirir la legitimación a través de instituciones y representantes. Estas instituciones unas veces legitiman de forma directa (la ley electoral) y otras de forma indirecta (el resto). En el caso de la representación, en España es del tipo: “si te he visto, no me acuerdo”. Una vez depositado el voto nada más hay que tratar entre el representado (el pueblo) y el representante (el político electo). La rendija electoral es el único memento de contacto entre ambos.

Para la Constitución española -y para la mayoría de las constituciones- la violencia es un privilegio del estado: la policía, el ejército y la justicia. El procés ha insistido por activa y por pasiva en que ese privilegio no es de recibo y que la policía debe actuar de forma pacífica así como la justicia debe incluso plantearse eludir la violencia que supone el encarcelamiento. Habrá que ir pensando en colonias penitenciarias. Esta reivindicación ha sido tan persistente que no nos cabe duda que la Constitución catalana recogerá este punto con singular firmeza. Incluso en relación a su propia policía, el procés ha insistido en que si usaban la violencia es que no eran la policía de Catalunya. Una declaración tan extrema nos hace pensar que la República catalana será pacifista hasta el gandhismo y anti-violencia hasta el jainismo.

La doctrina del estado de derecho dice que todos -desde el último al primero de los ciudadanos- estamos sujetos a la ley, y así figura en la Constitución española… aunque su cumplimiento pueda ser tibio. Esto ha sido puesto en duda por el procés desde el inicio de su andadura, no en el sentido de poner en duda la doctrina, sino poniendo en duda los casos concretos cuyo cumplimiento entorpecían sus designios. El estado de derecho se enuncia en las leyes, se aplica por los jueces y se ejecuta por el gobierno. Evidentemente cualquiera puede disentir con el sentido de una ley, pero el propio estado de derecho redirige al disidente a los tribunales para que allí defienda su mejor derecho. Una vez acabada la vía judicial (que puede llegar hasta Europa) el asunto queda zanjado y la pena -en caso de no haberlo sido antes- es ejecutada.

La Constitución española parece estudiada para favorecer la corrupción política. No podemos olvidar que la Constitución la redactaron los políticos y que “el que parte y reparte, se lleva la mejor parte”. La corrupción se estructura en tres niveles: la corrupción delictiva, las corruptelas, y la responsabilidad por la mala gestión. Respecto a la gran corrupción (recalificaciones urbanísticas, concesiones administrativas, expolio de fondos públicos, dinero negro, financiación ilegal de partidos y dopaje electoral, gestión de empresas públicas, etc.) la Constitución establece penas bajas,  dificultad de ejecución y plazos cortos de decaimiento. Respecto a las corruptelas (sueldos, complementos, dietas, coches oficiales, incompatibilidades, préstamos, bestretas, pensiones, economatos, tarjetas black, etc.) la tónica es manga ancha y opacidad extrema. Respecto a la responsabilidad, la palabra es inexistente. Ni siquiera se articula la manera de que devuelvan lo robado. A nivel judicial durante el mandato de Rajoy se aprobó la reforma de la ley de procesamiento en la que se articuló el decaimiento de las causas que se alarguen demasiado (precisamente las de corrupción). El aforo, la amnistía y el indulto completan el panorama.

Durante milenios los que regían los destinos de la humanidad, los que decidían (por lo tanto los políticos) eran los dominadores. La dominación se realizó por la fuerza, por la astucia, por la servidumbre voluntaria, por la comunidad de intereses, por la herencia, por la tradición o por la gracia de dios. Mediante todos estos subterfugios se crea la aristocracia (oligarquía, nobleza) a la que se accede, normalmente, por la sangre (la herencia). Tal como lo explica Rancière se trataba de efectuar una partición de lo sensible que determinaba quien dominaba y quien era dominado. Y por supuesto, justificarlo. Si la partición se determinaba por la fuerza, por la sangre o por la tradición todo eso no fueron más que usos históricos. La cuestión fundamental es que el mundo se dividía por esa partición entre los dominadores y los dominados. La partición estructura la sociedad en dos clases fundamentales. Los movimientos interclasistas eran prácticamente imposibles (y no por ello, no deseados) dentro de una determinada sociedad. Pero no ocurría lo mismo con  la confrontación entre sociedades. La guerra era el modo más generalizado para cambiar de clase. La invasión, la ocupación, la sojuzgación, la conquista permite a los soldados cambiar de clase. El camino directo al caudillaje es la guerra (solo hace falta ver a Franco). La guerra fue durante milenios el único modo de cambiar de clase, de oponerse a la partición de lo sensible. La gran mayoría de los sujetos de la historia son guerreros.